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Hacienda pide que alcaldes y europarlamentarios declaren en el Tribunal de Cuentas por el acto en Bélgica con Puigdemont

Reclama que se abra una investigación para esclarecer quién sufragó los gastos del desplazamiento de 200 ediles a Bruselas

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Hacienda pide que alcaldes y europarlamentarios declaren en el Tribunal de Cuentas por el acto en Bélgica con Puigdemont

El Ministerio de Hacienda ha reclamado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que llame a declarar a los alcaldes que viajaron a Bruselas para apoyar a Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, así como a varios europarlamentarios, dentro de la investigación que le solicita sobre quién pagó esos desplazamientos y cuánto costaron, porque sospecha que "no han sido sufragados por medios privados sino que en todo o en parte han podido emplearse fondos de carácter público".

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas estos hechos y le ha reclamado que se investigue una supuesta responsabilidad contable en el pago de ese viaje de 200 alcaldes que alguien tiene que asumir.

En el escrito, con fecha de este martes y al que ha tenido acceso Europa Press, Fernández de Moya se remite a diversas informaciones de prensa que apuntan a que el viaje costó varios miles de euros y que incluyen declaraciones de varios regidores asegurando que su ayuntamiento iba a pagar su parte.

En concreto, Hacienda detalla que para este desplazamiento fue necesario pagar un vuelo que costó "al menos" unos 200 euros por persona y que el alquiler del centro cultural Bozar de Bruselas donde tuvo lugar el acto pudo oscilar entre los 7.000 y los 10.000 euros, a lo que se suma la manutención y el alquiler de otros medios de transporte.

TRES ALCALDES

Para aclarar todo esto, Hacienda pide que se llame a declarar a los alcaldes si se considera necesario pero, sobre todo, que se cite a tres de ellos. Primero, Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), para que facilite la lista de los alcaldes que realizaron la visita a Bruselas y sus eventuales acompañantes, el conjunto de actuaciones organizadas, su coste y la forma de financiación de los mismos.

Igualmente quieren que declare Meritxell Budó, alcaldesa de La Garriga, para que indique los gastos imputados al erario público, puesto que ella misma declaró que cargaba el viaje al consistorio porque lo realizaba en representación de la localidad.

También pide Hacienda que se cite al alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), para que ofrezca la misma información solicitada a Lloveras. Según se cita textualmente en la carta, Buch afirmó a propósito del viaje que cada alcalde había pagado su viaje, aunque no aclaró si a costa del consistorio o no.

También afirmó que el alquiler de la sala de Bozar para el evento con Puigdemont lo habían costeado varios eurodiputados, por lo que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro plantea que se tome declaración a Ramón Tremosa, Josep Maria Terricabras y Jordi Solé para que lo aclaren.

Una vez que se tengan todos los datos, el Gobierno espera que se identifique a los responsables "de los daños causados al erario público autonómico o incluso estatal", tanto a quienes manejaron los fondos públicos como a quienes tiene capacidad de decisión sobre los mismos, y que se les pida "la responsabilidad contable procedente".

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