Hacienda pregunta al juez si debe paralizar la inspección a Bankia y Caja Madrid

La Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria ha preguntado al juez Fernando Andreu si debe paralizar su investigación sobre las retenciones que Caja Madrid y Bankia practicaron sobre su excúpula, incluyendo a Rodrigo Rato y Miguel Blesa.

Hacienda explica en un escrito remitido al magistrado, al que ha tenido acceso Efe, que el año pasado inició una inspección a Bankia y la Fundación Caja Madrid, heredera de la obra social de la entidad, dentro de la cual se encuentra la comprobación de las retenciones e ingresos a cuenta de 62 de los 81 usuarios de tarjetas opacas investigados por Andreu.

Entre ellos, los expresidentes de Caja Madrid y el exdirectivo Ildefonso Sánchez Barcoj, los tres principales imputados, además de otros como el expresidente de la patronal madrileña (CEIM) Arturo Fernández y de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.

No cita, sin embargo, a otros 20 beneficiarios -como el exsecretario del Consejo Enrique de la Torre-, para la mayoría de los cuales el magistrado archivó la causa por prescripción, como fue el caso de José María Fernández del Río, Ignacio Varela, Joaquín García o María Elena Gil.

Según precisa, “forma parte del ámbito de la comprobación administrativa en curso, en cuanto a la obligación de retener y/o ingresar” a cuenta por el IRPF por las entidades citadas “delimitar la naturaleza tributaria” derivada del uso de esas tarjetas facilitadas por Caja Madrid y Bankia a estos imputados.

Y en particular, prosigue, si las cantidades que cargaron a su tarjeta “black” debían tributar o no y, en caso afirmativo, bajo qué calificación de las que prevé la normativa sobre IRPF.

Dicha calificación “podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados” por Andreu.

Así, la Agencia Tributaria considera que podrían concurrir circunstancias de prejudicialidad penal que deberían hacer prevalecer la investigación del juez sobre la suya y, con ello, suspender la inspección que está realizando, conforme a lo establecido en la Ley general tributaria.

La interrupción sería obligatoria si el juez ordena la paralización de las inspecciones, por lo que le ruega que le informe a “la mayor brevedad posible”.

Antes de ello, el magistrado ha preguntado su opinión a la Fiscalía Anticorrupción en una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, en la que le da traslado de la comunicación de Hacienda “a fin de que inste lo que a su derecho convenga sobre si procede ordenar la paralización de los procedimientos inspectores” citados.