Honduras aprueba la figura del juicio político que permite enjuiciar presidentes

El Parlamento hondureño aprobó una reforma constitucional para instaurar la figura del juicio político para funcionarios de alto rango, incluido el presidente, cuando existan denuncias graves por el desempeño de su cargo, informó hoy una fuente legislativa.

El vicepresidente del Parlamento Marvin Ponce dijo hoy a Efe que la reforma se aprobó el martes en primera discusión y prevé que sea ratificada en el segundo y definitivo debate por mayoría calificada (dos terceras partes del pleno) en la cuarta legislatura que se instaura este viernes.

Los diputados hondureños aprobaron el juicio político por 112 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, según Ponce, parlamentario del minoritario Partido Unificación Democrática, de izquierda.

Además, indicó que con la reforma el Parlamento podrá “enjuiciar políticamente” al presidente de la República, vicepresidentes, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general, alcaldes, al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y a otros funcionarios electos.

Ponce explicó que el juicio político procederá contra un funcionario cuando exista una denuncia de abuso de autoridad en el desempeño de su cargo, violación de la Constitución y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.

Según la información oficial disponible, para destituir al presidente de Honduras se requiere el voto de 96 de los 128 diputados del Parlamento, mientras que en los demás casos se necesitan 86.

“Cuando la denuncia fuere contra el presidente de la República, la tramitación del proceso de enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados (96), en los demás casos será por dos tercios de la Cámara (86)”, según el dictamen del Parlamento.

La iniciativa pretende “evitar crisis” como la que en 2009 depuso al entonces presidente, Manuel Zelaya.

Además, indicó que el juicio político pretende “corregir los errores que se han cometido después del golpe de Estado” contra Zelaya, quien fue derrocado cuando promovía una consulta popular para reformar la Constitución desoyendo prohibiciones legales.

El Parlamento hondureño destituyó en diciembre pasado a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional por declarar inconstitucionales unas pruebas orientadas a depurar la Policía Nacional.

Los destituidos están a la espera de que una sala especial de lo Constitucional de la Corte Suprema admita un amparo con suspensión de la aprobación parlamentaria para ser restituidos en sus cargos.