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Hungría está dispuesta a enmendar la ley universitaria tras hablar con la CE

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Hungría está dispuesta a enmendar la ley universitaria tras hablar con la CE

Hungría está dispuesta a enmendar la ley universitaria tras hablar con la CE

El Gobierno húngaro está dispuesto a modificar la polémica ley que pone en peligro la viabilidad de la Universidad Centroeuropea fundada por el magnate George Soros, tras debatir con la Comisión Europea (CE) sobre el procedimiento de infracción abierto contra Budapest.

"Estamos dispuestos a modificar la ley conforme a las observaciones de la CE", aseguró hoy ante la prensa el ministro de Gobernación, János Lázár.

El ministro agregó que ahora "hay que esperar las propuestas de la Comisión (Europea)" y recordó que "la Comisión no expresó objeción en relación con la libertad de enseñanza, sino que está preocupada por el libre movimiento de servicios".

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, anunció ayer en Bruselas que ese organismo ha decidido "adoptar una acción legal contra la ley de educación superior mediante el envío de una notificación formal al Gobierno húngaro".

La Comisión está "preocupada" por cuestiones sobre la libertad de establecimiento y suministro de servicios, algo que no puede ser limitado; solo en casos excepcionales.

Según la CE la legislación contiene, entre otros aspectos, limitaciones excesivas al determinar que una universidad solo puede ofrecer enseñanza en Hungría si lo hace también en su país de origen.

Aprobada el pasado día 4 con la mayoría del gobernante partido Fidesz, del conservador Viktor Orbán, la nueva normativa exige que las instituciones académicas financiadas desde el extranjero tengan un campus en el país de origen, algo que no cumple la CEU.

Además, la llamada "lex CEU" obliga a que haya un acuerdo entre los Gobiernos de Hungría y Estados Unidos, donde la CEU está inscrita, sobre el funcionamiento de la universidad, aunque según las leyes el Gobierno federal de EEUU no cuenta con competencias en temas de educación.

La legislación fue criticada dentro y fuera de Hungría, y miles de particulares, científicos, académicos y personajes de la vida social han pedido que se retire, mientras que la oposición húngara ha mandado la legislación al Tribunal Constitucional para que revise si es constitucional.

Lázár indicó ahora que "el Gobierno está dispuesto a cumplir con todos los requisitos legales comunitarios después de un debate objetivo".

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