I-E pide al Gobierno foral “un acto de homenaje a víctimas de la extrema derecha” y su inclusión en los planes educativo

La iniciativa de I-E solicita al Ejecutivo foral que “cumpla los artículos de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos avalados por el Tribunal Constitucional, especialmente los referidos al reconocimiento institucional de estas víctimas y a la inclusión de esta temática en los planes educativos, como ocurre con las víctimas del terrorismo de ETA”.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha dictado una resolución de suspensión de esta ley foral hasta que haya sentencia sobre los recursos interpuestos por el Gobierno central.

En la moción registrada, I-E pide que el Gobierno de Navarra “en el plazo de tres meses cumpla la Disposición Adicional Primera y organice un acto de homenaje a las víctimas de motivación política producidas por la acción de organizaciones de extrema derecha o funcionarios públicos en el contexto de la violencia de motivación política”.

Este homenaje, según la coalición, “contendrá la lectura de una declaración de reparación que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella, así como una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos”.

Además, en la propuesta de acuerdo se solicita al Gobierno de Navarra que “incluya esta temática en el marco del programa anual de Educación para la Paz y los Derechos Humanos para el curso escolar 2016-2017”.

“CUBRIR UN VACÍO DE JUSTICIA”

A juicio de I-E, esta norma “supuso un intento por cubrir un vacío de justicia evidente, y que se mantenía en el tiempo, no sólo por el silencio institucional ante estos hechos, sino sobre todo por la sensación de agravio e impunidad en la que han vivido legítimamente los familiares de las víctimas de la violencia policial o de grupos ultras”.

En opinión de la coalición formada por IUN y Batzarre, “corregir esa injusticia y poner en marcha todos los mecanismos necesarios para resarcir el daño causado y esclarecer al máximo los hechos es una actitud necesaria a nivel social e institucional cuando han existido episodios de violencia, causados por funcionarios públicos en el contexto de violencia de motivación política”.

“Ninguna persona de nuestra comunidad podría entender que pretendamos cerrar bien este capítulo de nuestra historia sin hacer justicia a los navarros que han muerto por estos motivos”, ha defendido I-E, que ha añadido que “es una anomalía democrática inhumana e injusta que todavía estén pendientes de esclarecimiento y reconocimiento oficial casos como los de José Luis Cano, después de 39 años de su muerte, Germán Rodríguez, después de 38 años, Mikel Arregi, después de 37 años, Gladys del Estal, después de 37 años, Mikel Zabalza, después de 30 años, entre otros”.

I-E ha defendido que “es imprescindible impulsar una cultura de los derechos humanos que penetre en nuestra sociedad, que cuente con el respaldo inequívoco de nuestras instituciones, que adquieran carta de naturaleza entre la ciudadana frente a la violencia de ETA y también frente a la vulneración de los derechos humanos por parte de agentes públicos, cuando se produzcan”.