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ICV respalda a los activistas de Greenpeace y ve "una aberración" que se les acuse ante la Audiencia Nacional

La diputada de Iniciativa per Catalunya (ICV) Laia Ortiz ha expresado su "solidaridad" y "apoyo" a los activistas de Greenpeace que han sido detenidos tras encaramarse al techo del Congreso para protestar contra la reforma de la Ley de Costas y ha acusado al Gobierno de intentar "criminalizar" a las movimientos sociales por ponerles a disposición de la Audiencia Nacional.

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ICV respalda a los activistas de Greenpeace y ve "una aberración" que se les acuse ante la Audiencia Nacional

Para la diputada ecosocialista, resulta una "aberración" que, ante una ley "injusta" que atenta contra lo público, sean precisamente los activistas de Greenpeace, que lo denuncian, los acusados de un delito contra las instituciones del Estado.

En este punto, ha recordado que "no es la primera vez" que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, "criminaliza" a las entidades ecologistas que "no han permanecido en silencio" ante los "atropellos" cometidos por su departamento en materia de medioambiental.

PROTESTA "PACÍFICA"

Por ello, Ortiz ha mostrado su respaldo a los activistas de la ONG y ha confiado en que la causa se archive "cuanto antes" ya que, en su opinión, "es evidente que ha constituido un acto de reivindicación política pacífico".

"En la Audiencia Nacional --ha señalado-- se juzgan delitos de terrorismo, narcotráfico y corrupción, y no actos políticos y pacíficos de denuncia de una ley que perjudica a la mayoría de los ciudadanos para regalar nuestras costas a los grandes empresarios que tienen intereses particulares en el litoral".

De hecho, la parlamentaria catalana ha destacado que el propio presidente del Congreso, Jesús Posada, tercera autoridad del Estado, ha definido la acción de Greenpeace de este jueves como "una protesta pacífica".

De ahí que Ortiz haya manifestado su esperanza en que Posada medie para evitar una acusación "del todo desproporcionada" y que parece haber sido adoptada "en caliente" y como muestra de un "autoritarismo trasnochado, más propio de otra época que es el que parece estar imperando en el Ministerio del Interior".

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