IU-CA propone trabajo mínimo garantizado con 2.000 millones para la creación de 200.000 empleos anuales

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras firmar el manifiesto de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza en su sede, Maíllo ha remarcado que, aunque esta propuesta tiene ámbito estatal y necesitaría de una negociación a ese nivel que “tiene mucho que ver con la reforma fiscal, IU sí tiene una proyección en Andalucía que concretaría esas cantidades”.

Del mismo modo se ha pronunciado sobre la renta básica y, aunque ha precisado que se encuentra a la espera de los resultados del grupo de trabajo que se puso en marcha en el Parlamento, “el concepto clásico de renta básica, que es un ingreso para todo el mundo, nos conduciría a la melancolía porque no hay capacidad en la comunidad autor de afrontar esta concreción ante una situación de emergencia como la actual”.

No obstante, ha asegurado que, si llega a ser presidente del Gobierno andaluz, asumirá “el compromiso” que se adopte en el citado grupo, en la que han participado, además de grupos parlamentarios, “los agentes que están luchando contra la pobreza y que son los expertos reales que están en el tajo y que saben concretar las prioridades que tiene que ejecutar una renta básica”, que pasaría, según ha proseguido, por “la reorganización del presupuesto y de las partidas que están dedicadas de una manera dispersa a todo tipo de programas de impacto inmediato de protección social”.

IULV-CA se ha marcado como objetivo “luchar contra la pobreza y la desigualdad social”, ha asegurado Maíllo, quien asumirá los compromisos que ha firmado este lunes en el manifiesto de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza. Por un lado, con “carácter inmediato y urgente para garantizar un mínimo de luz y agua a la gente que no tiene recursos” y, por otro, con una acción de carácter más permanente, refiriéndose a la conversión de una ley de inclusión social y renta básica, que “garantice los mínimos de pan, trabajo, techo y dignidad”.

En este sentido, ha citado medidas como el decreto ley para garantizar mínimos de agua y luz y la dedicación de 50 millones de euros para atender a 150.000 beneficiarios y que sus hogares tengan un mínimo de agua de 100 litros diarios y 1450 kw/h por persona y año. Se trata de “una medida de choque y vinculada a un derecho humano, no a un objeto de consumo, que tiene que afectar y proteger a una población que no tiene recursos suficientes para afrontar la vida con dignidad”.

QUÉ SE HA HECHO MAL

Por otro lado, preguntado qué se ha hecho mal para que Andalucía tenga uno de los índices más altos de pobreza, ha respondido que “durante tres décadas hay cosas que no se han hecho bien por falta de estrategia en el modelo social”, a lo que ha añadido que “se ha trabajado durante demasiado tiempo en el cortoplacismo y en el efecto inmediato de programas que tenían un carácter temporal, sin afrontarse un desarrollo estratégico de confrontación”.

Ha puesto como ejemplo el campo andaluz, en el que aboga por el fomento de las cooperativas que transformen y añadan valor a los productos, y ha precisado que es “un reflejo de que no se ha afrontado con voluntad política ni con una visión a largo plazo el desarrollo de Andalucía, que requiere políticas que posiblemente no tengan un efecto inmediato en una legislatura”.

“Andalucía necesita sobre todo tener claro cuáles son los sectores económicos en los que apostar y dar coherencia en las prioridades de ayudas públicas de estos sectores”, ha enfatizado Antonio Maíllo, quien asegura que hay que “aprender de que ningún modelo económico puede sustentarse en un solo sector, ni tampoco se puede producir una industrialización dando incentivos para la instalación de empresas en Andalucía” y que después no permanezcan en la comunidad.

Por todo ello, aboga por dar “un aldabonazo y dar una vuelta de calcetín a la Consejería de Empleo, que ha sido mal estructurada, muy mal reorganizada y con criterios de falta de planificación a la hora de la concesión de ayudas a las empresas”.

Por su parte, el presidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, Manuel Sánchez, ha pedido al nuevo gobierno que elijan los andaluces que “termine una serie de normativas legales que afectan a las personas y a las entidades sociales, que desgraciadamente después de tres años de tramitación se han quedado en el tintero”, refiriéndose a una ley de inclusión que contemple la renta básica, la ley del voluntariado, la ley de participación, una ley de servicios sociales y una ley del tercer sector de Andalucía.

Pero mientras tanto, solicita al nuevo gobierno que “destine un cinco por ciento de nuevo cuño” del presupuesto de la comunidad autónoma para luchar contra la pobreza y la exclusión social, como una medida previa de contención para ayudar a las personas a salir del estado en el que se encuentran.

“No podemos consentir que una Andalucía, con los márgenes de casi un 40 por ciento de exclusión social y en riesgo de pobreza, pueda continuar de esta manera”, ha concluido Sánchez.