IU pide en el Congreso ampliar las incompatibilidades de altos cargos hasta cinco años después de dejar sus puestos

La iniciativa, que lleva la firma del diputado Gaspar Llamazares, se ha presentado después de la polémica suscitada en los últimos días por el fichaje de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por una firma catalana de cazatalentos, o por la vinculación que hasta hace dos días mantenía su exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes, con la empresa que se ha hecho con la gestión de los análisis clínicos de seis hospitales madrileños, un servicio que él mismo privatizó.

La proposición no de ley detalla una serie de actividades que los altos cargos no podrían realizar desde el ámbito privado en los cinco años posteriores a su cese. Para ello, emplaza al Gobierno a modificar la ley de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos y la que regula los conflictos de intereses del mismo colectivo.

Así, propone que se les prohíba ejercer funciones en empresas privadas que desarrollen actividades en los sectores en los que ellos tuvieron responsabilidades directas, siempre que durante su mandato dichas empresas fueran objeto de privatización o “se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual”.

En la misma línea, apuestan por que los exaltos cargos tengan vetado “dar a sus asociados, clientes o empleadores consejos basados en informaciones no accesibles al público obtenidas durante su mandato”.

LIMITAR LA POSESIÓN DE ACCIONES

Izquierda Unida también pide que estas personas no puedan disponer de participaciones directas o indirectas superiores al 10 por ciento en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier otra naturaleza con empresas públicas privatizadas en los 10 años anteriores.

Según Llamazares, los últimos casos del paso de políticos de la Administración a la empresa privada han vuelto a evidenciar la necesidad de endurecer estas incompatibilidades y de hacer una legislación más clara. “Los poderes públicos están llamados a adecuar la legislación para garantizar la imparcialidad de la acción pública en condiciones de máxima transparencia y prevenir la corrupción, robusteciendo la deontología de la función pública”, argumenta.

Llamazares subraya que todas las iniciativas planteadas por IU en esta materia “son de justicia” y “obedecen a las demandas mayoritarias de la ciudadanía”. Por último, recuerda que el año pasado abogaron por eliminar las indemnizaciones de 'cesantía' de los ex ministros y ex secretarios de Estado para hacerlas incompatibles con el cobro de cualquier otro sueldo público o privado.

“El aluvión de críticas políticas interesadas que recibimos de ellos rozó el ridículo. Pues bien, el 13 de julio eso mismo lo aprobaba y justificaba el Consejo de Ministros. Ahí está la hemeroteca”, ha concluido.