IU, Podemos y Equo rechazan en el Congreso las tres “leyes mordaza” del PP

Miembros de Izquierda Unida, Podemos y Equo han expresado hoy su rechazo hacia las que han calificado de “leyes mordaza” del Gobierno del PP -la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y el pacto antiyihadista- en un acto en el Congreso de los Diputados junto a activistas y juristas.

En el evento, convocado por la plataforma “No somos delito”, que agrupa a un centenar de colectivos por los derechos de expresión y reunión, IU y Equo se han comprometido a, con sus votos, derogar las citadas normas tras las próximas elecciones, mientras que Podemos ha eludido “compromisos concretos” pero ha prometido “atender los intereses de la gente”.

Así, el diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto ha dicho que la Ley de Seguridad Ciudadana es la más “sangrante” y que supone “un ataque flagrante al ejercicio de las libertades”, pues a su juicio otorga poder al Gobierno para “imponer multas sin sentido”, que actúan como “picaduras de mosquito” que pretenden tumbar las protestas sociales.

El coportavoz federal de Equo, Juantxo López de Uralde, ha denunciado el “rodillo de la mayoría absoluta del PP y ha prometido ”cooperar con las fuerzas del cambio desde el minuto uno“ para retirar estas leyes, con las que en su opinión el Ejecutivo pretende infundir ”miedo“ a los manifestantes para acallar las protestas.

Mientras, y en esa misma línea, la eurodiputada de Podemos Tania González ha afirmado que el 15-M dio comienzo a un “ciclo de alta intensidad de movilizaciones” y una “toma de conciencia colectiva” ante la que el Gobierno ha optado por “prohibir la protesta” para paliar los efectos de su “pérdida de legitimidad”.

El encuentro ha contado con otras dos mesas de debate: una primera protagonizada por juristas y una segunda en la que han tomado la palabra representantes de movimientos sociales.

Así, en la primera, Ignacio González, de Jueces para la Democracia, ha cuestionado la “necesidad” de aprobar estas leyes, y Cristina de la Serna, abogada de Rights International Spain, ha dicho que las normas “atentan contra los principios básicos del Estado de Derecho” y ha advertido de la posibilidad de que España sea sancionada por organismos internacionales como el TEDH.

Alejandro Gámez, de la Asociación Libre de Abogados, ha resaltado la existencia de una “voluntad política” para “garantizar la impunidad de los agentes del Estado”; Elena Rodríguez, de la Plataforma del Tercer Sector, ha pedido reforzar derechos, e Isabel Elunku, de SOS Racismo Madrid, ha acusado al Gobierno de “abusar de su mayoría absoluta” para imponer leyes propias de un “Estado policial”.

En el turno de preguntas, Anxo Rama, secretario federal de la agrupación de escalas básicas y subinspección del Cuerpo Nacional de Policía UNIPE, ha denunciado la “nula e inexistente” formación que han recibido los agentes para aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, y ha denunciado “presiones” a los policías “día tras día” para recaudar a través de sanciones de carácter administrativo.

Ya en el segundo debate, Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, ha subrayado que la desobediencia civil es una “herramienta” de las “sociedades democráticas”, y Yolanda Quintana, secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, ha afirmado que estas leyes suponen “el peor recorte de las libertades desde el franquismo”.

Javier García, de Legal Sol, y Ernesto Sarabia, de las Marchas de la Dignidad, han coincidido en señalar la existencia de una estrategia de “represión” del Gobierno a la protesta social, y Francisco Morote, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha prometido “trabajo” e “insumisión” hasta lograr el cambio de las leyes.

Finalmente, Patricia Martín, responsable de campañas de Avaaz, se ha felicitado por el “amplio acuerdo en la oposición” contra estas normas y ha pronosticado que, tras las próximas elecciones generales, “España recuperará la alegría”.