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Ignacio Cosidó: "En España hay mucha corrupción pero no hay impunidad"

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Ignacio Cosidó: "En España hay mucha corrupción pero no hay impunidad"

Ignacio Cosidó: "En España hay mucha corrupción pero no hay impunidad"

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha dicho hoy que "en España hay mucha corrupción pero no hay impunidad" como lo demuestran los 1.400 detenidos por delitos relacionados con la misma en los últimos cuatro años y que ningún caso ha dejado de ser perseguido "cayera quien cayera".

Cosidó ha pronunciado estas palabras durante su intervención en la Conferencia Internacional "Integrity & Compliance", organizada por Ernst&Young, en la que se ha abordado la responsabilidad empresarial en la comisión de delitos relacionados con la corrupción.

El responsable de la Policía ha matizado que "en España hay muchas personas corruptas pero no hay instituciones corruptas".

En este sentido ha garantizado que "no existen tramas organizadas de corrupción en la Policía" y estima que tampoco "en ninguna otra institución del Estado".

"No intenten dar un billete de cien euros a un guardia civil ni una proposición a un juez porque se la cargan", ha advertido.

Para Cosidó la lucha contra la corrupción "es tarea de todos" y ha destacado que ha aparecido "en todos los ámbitos, en el deportivo, en las cajas de ahorros, en los sindicatos, en los partidos y tanto en instituciones públicas como en las privadas".

En este sentido ha recordado que "donde hay un corrupto público hay un corrupto privado".

Por eso ha apostillado: "La Policía trabaja pero o lo hacemos todos o si no es difícil ganar la batalla a esta plaga".

Cosidó ha comentado que la sociedad española ha llegado a tal intolerancia respecto a la corrupción que ya no vale decir que "quien la hace la paga" sino que "hay que generar sistemas para que quien quiera hacerla no pueda", para lo cual estima que es clave "la transparencia".

También cree necesario "un rearme moral de la sociedad" y ha indicado que casos que se están conociendo ahora son de hechos que se remontan a unos cinco años y ha apuntado que en este ámbito "el boom económico hizo perder referencias".

Por otra parte ha comentado que el crimen organizado se está transformando de una forma muy acelerada lo que está obligando a cambiar las estrategias de las fuerzas de seguridad.

Al respecto ha indicado que en España mientras en los últimos cuatro años han descendido en un 30 por ciento los delitos violentos los cibernéticos han aumentado en un 60 por ciento y en poco tiempo pueden ser más que los primeros.

De estos últimos ha concretado que el 80 por ciento son de carácter económico, como los fraudes y las estafas, y el resto contra las personas, entre los que estarían incluidos delitos contra menores, amenazas o pornografía.

De todas formas para Cosidó estas cifras no son reales porque aún no se denuncian muchas prácticas delictivas.

Por ello ha hecho un llamamiento a denunciar y ha comentado que a veces hay resistencia a hacerlo por parte de empresas que sufren "ciberdelincuencia" porque piensan que puede ponerse en evidencia su vulnerabilidad y que puede perjudicar su reputación.

Cosidó ha asegurado en este sentido que las fuerzas de seguridad trabajan de una forma discreta pero necesitan que sean denunciados los hechos.

En cualquier caso ha dicho que en España ha bajado la delincuencia organizada de tal forma que redes que estaban asentadas en la Costa del Sol ahora buscan otros lugares como Sudáfrica y Tailandia.

No obstante ha advertido de que aumentan los delitos económicos como el blanqueo de dinero y la corrupción, así como el crimen organizado que mezcla actividades lícitas e ilícitas.

Además cada vez se usan más por las organizaciones la "subcontratación" de bandas para otro tipo de servicios como hackers informáticos para acceder a información en internet y especialistas en operaciones financieras para blanquear dinero o para cobrar deudas por métodos coercitivos.

Ha subrayado que en los últimos cuatro años la Policía Nacional ha detenido a más de 20.000 personas y ha detectado 800 millones de euros defraudados a la Seguridad Social.

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