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Ignacio González abandona la cárcel de Soto tras 202 días preso
En total once fiadores han consignado la caución impuesta por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. Hasta esta sede se han trasladado también familiares del expresidente regional, entre ellos sus dos hijas.
González ha salido con rostro cansado, serio y sin hacer declaraciones pese a la numerosa presencia de los medios de comunicación a las puertas del centro penitenciario, que ha abandonado en un turismo de color negro.
Su defensa ha explicado a los medios que lo único que quería hoy era llegar cuanto antes a casa para estar con su familia pero que, no obstante, salía con muchas ganas de defenderse.
El juez acordaba ayer, con el visto bueno de la Fiscalía, la libertad bajo el pago en metálico de una fianza de 400.000 euros del expresidente de la Comunidad de Madrid, en prisión desde el pasado 21 de abril por su implicación en presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II.
El magistrado le ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales en el juzgado de la Audiencia Nacional más próximo a su domicilio, según explica en su auto en el que detalla que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá y también el riesgo de fuga debido al avance de la instrucción.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta decisión después de recibir este mismo martes el informe en el que el Ministerio Público modifica su criterio contrario a la excarcelación que había mantenido con ocasión de otras tres peticiones anteriores de la defensa del exmandatario madrileño.
En el auto, García Castellón precisa que sus acciones dentro del Canal de Isabel II son constitutivas de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales y recuerda que González está siendo investigado por cuatro hechos concretos: las compras de Inassa y Emissao en 2001 y 2013, respectivamente, las licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana y por revelación de secretos.
