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Imputada la antigua directiva de procuradores de Madrid por falsear estatutos

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Imputada la antigua directiva de procuradores de Madrid por falsear estatutos

Imputada la antigua directiva de procuradores de Madrid por falsear estatutos

El juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y a dieciséis miembros de la antigua directiva del Colegio de Madrid por presuntos delitos de falsificación de documento y prevaricación.

El juzgado, en un auto al que ha tenido acceso Efe, ha tomado esa decisión a instancias de la Audiencia Provincial de Madrid, que revocó el archivo inicial de la querella presentada la Asociación para la Defensa del Procurador.

De este modo, cita a declarar como imputados el 8 de enero de 2016 a Estevez y a los otros dieciséis querellados, todos ellos integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid en el año 2003.

Entre los imputados, además de Estevez, está el actual decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego, y el secretario del Consejo, José Manuel Villasante, si bien no figura entre los querellados el exdecando del Colegio Antonio Álvarez-Buylla.

La querella responde al proceso de cambio de los estatutos del Colegio de Procuradores de la Comunidad Madrid iniciado en noviembre de 2003 y del que los colegiados no volvieron a tener conocimiento hasta que cuatro años más tarde, en 2007, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La cuestión es que el texto publicado no es el mismo que el aprobado en 2003, sino que tiene cuatro artículos y tres disposiciones más que el original y, según los querellantes, "alteraciones en otros cincuenta artículos".

El juzgado rechazó la querella inicialmente por considerar que habían prescrito los hechos y que los procuradores no tienen condición de autoridad, por no ser funcionarios.

Sin embargo, la Audiencia rebatió ese argumento, dado que los querellados eran miembros de una entidad de derecho público, ejercían funciones públicas y, a efectos penales, tenían consideración de funcionarios públicos.

También rechaza el argumento de la prescripción, dado que los estatutos se publicaron en 2007 y no han transcurrido los diez años que establece la ley.

Fuentes del Consejo han explicado que los autores de la demanda fueron expulsados del Colegio por impago de cuotas y que un juez de Madrid les impuso una fianza de 140.000 euros por injurias contra el anterior decano.

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