Imputan en Guatemala a Colom, exministros y al exjefe de Oxfam por corrupción

La Fiscalía de Guatemala imputó hoy los delitos de fraude y malversación a 12 exfuncionarios del Gobierno de Álvaro Colom, entre ellos, el propio exmandatario y el expresidente de Oxfam Internacional Juan Alberto Fuentes Knight, acusados de participar en una trama de corrupción en el transporte público.

En la audiencia de primera declaración celebrada este viernes ante el juez undécimo de Primera Instancia Penal, Eduardo Cojulum, el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, leyó la imputación a los doce acusados en el marco de la causa conocida como Transurbano.

La investigación establece que los exfuncionarios, pertenecientes al Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (2008-2012), participaron en esta red que otorgó de manera ilegal y sin ningún aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para la implementación de un sistema prepago en este método de transporte.

En este sentido, el jefe fiscal aseguró que el expresidente de Oxfam, en su calidad de ministro de Finanzas de ese Gobierno, tuvo un “grave abuso de confianza” en contra de los intereses del Estado al fraguar y permitir de forma “fraudulenta” la aprobación del acuerdo con el que se defraudaron los 35 millones de dólares.

“Como rector del Ministerio de Finanzas fue el responsable de cumplir y hacer cumplir todo lo del régimen hacendario, administrar, controlar y fiscalizar lo relativo a la aportación de recursos económicos”, dijo Sandoval, pero contravino todas estas normas y permitió la suscripción del proyecto “a sabiendas” que no había dictámenes de idoneidad ni análisis que justificaran la inversión.

Pese a ello, continuó, permitió la adjudicación de una “asignación arbitraria” y es el “responsable de la sustracción” por otorgar, “de manera infundada y tras engañar a la administración pública”, la liberación de los fondos “de manera escalonada y a beneficio de particulares”.

A Colom, la Fiscalía le reprocha que hubiera intervenido “de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del Acuerdo” conociendo que iba en perjuicio del Estado y que se habían utilizado mecanismos “fraudulentos” para su aprobación.

“Conoció que la administración pública había sido engañada”, pero pese a ello “propició la firma” aún sabiendo que el proyecto era “arbitrario” y que la Asociación no podía cumplir con lo ofrecido.

Con la justificación de mejorar el transporte público de la metrópoli, que desde hace décadas carece de las condiciones óptimas para la movilización de millones de usuarios, el Gobierno de Colom desarrolló “un artificio que buscó evadir los mecanismos de control estatal para defraudar al Estado, a los agremiados de la Asociación y a la ciudadanía en general”, apuntó.

Junto a Colom y Fuentes Knight están implicados los exministros Salvador Gándara Gaitán (Gobernación), Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), Óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud ) y Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura), el exviceministro de Energía Alfredo Américo Pokus Yaquian y el exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos.

Todos están recluidos en una cárcel de la capital desde su detención el 13 de febrero, mientras que los titulares de Defensa, Abraham Valenzuela, y Ambiente, Luis Ferraté, llegaron a los Tribunales desde los hospitales donde guardan arresto por su delicado estado de salud.

A los exministros y al exviceministro, la Fiscalía los acusa de firmar y avalar el acuerdo gubernativo en ejercicio de sus funciones, aún sabiendo que no había dictámenes que lo respaldaran.

De los 35 millones de dólares, 1,3 millones regresaron al sistema bancario guatemalteco enviados por una empresa que los entregó a “manos privadas”, 13,9 se usaron para comprar maquinaria que está almacenada en una bodega “sin utilizar” y 6 millones de dólares para pagar gastos “no compatibles con el proyecto de inversión”.

Al exsecretario de la Presidencia, la Fiscalía le imputó los mismos delitos y lo acusó además de beneficiarse de 264.000 dólares a través de una de las empresas intermedias que adquirió el sistema prepago.