Imputan al exdirector del puerto de Gijón por irregularidades en su ampliación

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha citado a declarar como imputados al exdirector del puerto de Gijón José Luis Díaz Rato y al expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez por las supuestas irregularidades cometidas en sus obras de ampliación.

Así lo acordó en una providencia fechada el pasado 13 de mayo, un día antes de cesar como titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, por lo que los imputados comparecerán ante el juez que lo sustituya.

Gómez Bermúdez ha emplazado a Díaz Rato el 25 de junio y a Menéndez un día antes, y también ha citado el 18 de junio a nueve testigos que intervinieron como gerentes de la adjudicataria de las obras, UTE Dique Torres, en la ejecución del contrato de la ampliación del puerto de El Musel.

Los testigos son Ana Isabel Dizy, Manuel Amaro, Guillermo Castañedo, Isidro Alonso, Miguel Eguiegaray, Antonio Manuel Alvargonzález, Juan Miguel Pérez Rodríguez, David López Navarrete y Manuel García Beiro.

Además, el juez requiere a estos testigos que aporten las respectivas escrituras públicas de apoderamiento en virtud de las cuales actuaban en cada caso como gerentes de la UTE.

En la providencia, pide asimismo a la unión de empresas Cabo Torres, adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la vigilancia de las obras de ampliación, que aporte al juzgado los informes mensuales que se emitían sobre el control de las obras, en los que figuran las cantidades de material suministrado por las canteras.

El juez abrió una investigación el pasado febrero a partir de una denuncia que presentó la Fiscalía contra los representantes y administradores de la UTE adjudicataria de las obras, Dique Torres, y de los representantes y miembros de la Autoridad Portuaria de Gijón por el sobrecoste de estas obras, que costaron 800 millones, un 40 por ciento más que el presupuesto inicial.

Para el juez, esa denuncia presenta “características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y por ello ordena una serie de diligencias (pide documentación a la Autoridad Portuaria, a la UTE y a Hacienda) encaminadas a analizar si se cometieron varios delitos de corrupción en esa obra pública.

Las obras, que fueron adjudicadas por 580 millones en el año 2005, se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto, de los que 198 ya han sido abonados.

Estas irregularidades fueron denunciadas en un primer momento ante la Audiencia Nacional por la asociación Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturies (OCAN) y la Fiscalía abrió luego su propia investigación, que acabó con la denuncia ante la Audiencia Nacional.

La denuncia de Anticorrupción se dirige contra los representantes y administradores de la UTE y los de la Autoridad Portuaria de Gijón, y se basó a su vez en una denuncia formulada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que determina graves irregularidades, incluso fraude, en el proyecto.

Tras haber practicado varias diligencias, Anticorrupción considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, estafa, falsedad, fraude a Hacienda y prevaricación.

La Fiscalía sospecha que funcionarios de la Autoridad Portuaria se pudieron concertar con la UTE para entregarle indebidamente fondos públicos, que la adjudicataria pudo haber engañado deliberadamente a la Administración en el precio de los materiales que se usaron en las obras y que se pudieron haber emitido facturas falsas para reclamar dinero público.

También cree que la adjudicataria pudo simular gastos que en realidad no existieron y emitido documentos para entregar fondos públicos a particulares sin justificación, e investiga asimismo si la Autoridad Portuaria adjudicó arbitrariamente el contrato a la UTE.