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Indígenas se ofrecen a ayudar en la liberación del general secuestrado por las FARC

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Unas 300 personas piden en Bogotá la reanudación de los diálogos de paz

Unas 300 personas piden en Bogotá la reanudación de los diálogos de paz

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) propuso hoy que su emblemático cuerpo de guardias ayude en la liberación del general Rubén Darío Alzate y sus dos acompañantes, secuestrados el pasado domingo por las FARC en el noroeste del país.

Centenares de miembros de la Guardia Indígena, organismo que defiende los derechos y los territorios de estas comunidades, fueron convocados por un comunicado de la ONIC para colaborar con el regreso de los retenidos a través de una misión humanitaria.

"Ponemos al servicio de la paz y del pueblo colombiano nuestra estrategia milenaria de resistencia (...) Estamos dispuestos a realizar una minga indígena humanitaria liderada por centenares de guardias indígenas de los distintos territorios del país", anunciaron.

Con esta declaración, los indígenas esperan colaborar para que se reanuden los diálogos de paz, suspendidos el lunes por el presidente, Juan Manuel Santos, por el secuestro del general, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, que lo acompañaban en una visita al caserío de Las Mercedes, en el departamento del Chocó (noroeste).

Los indígenas recordaron en el comunicado que han sufrido como pocos la dureza de la guerra en el país, lo que fortalece su interés por la continuidad de estas conversaciones, que han conseguido en dos años avances para lograr la paz nunca alcanzados en la historia del conflicto.

"Los pueblos indígenas hemos sido una de las principales víctimas del conflicto armado colombiano, que se desarrolla en gran parte de nuestros territorios, aún en contra de nuestra firme posición de autonomía frente a todos los actores armados", manifestó la ONIC.

El último ataque que recibieron golpeó a la comunidad Nasa hace apenas dos semanas, cuando los guardias indígenas Manuel Antonio Tumiñá y Daniel Coicué fueron asesinados por guerrilleros de las FARC en una zona rural de Toribío, en el departamento del Cauca (suroeste).

Tras el suceso, la comunidad respondió con una de las condenas más duras que se recuerdan, al decretar al autor material de ambos crímenes a 60 años de prisión, en tanto que cuatro adultos que le acompañaban recibieron penas de 40 años de cárcel cada uno.

Los otros dos guerrilleros que formaban parte del grupo, de 14 y 17 años, recibieron veinte latigazos y fueron internados en un centro de rehabilitación hasta su mayoría de edad.

Para contribuir a la reanudación de los diálogos, la ONIC anunció además que el próximo 25 de noviembre indígenas del país realizarán una marcha a favor de la paz y la búsqueda de una salida política al conflicto armado en Colombia.

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