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Informe de fiscalía, más dinamita contra versión oficial del caso Ayotzinapa

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Informe de fiscalía, más dinamita contra versión oficial del caso Ayotzinapa

Informe de fiscalía, más dinamita contra versión oficial del caso Ayotzinapa

Padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y expertos en el caso dijeron hoy que los dos informes filtrados de la unidad de asuntos internos de la Fiscalía mexicana, que reconocen torturas y piden investigar a fuerzas federales, suponen una relevante prueba contra la versión oficial.

Es una investigación interna "que refleja graves irregularidades que echan por tierra totalmente la base de la principal hipótesis que hoy en día tiene la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía)" sobre el caso, dijo a Efe Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los desaparecidos.

Según la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron detenidos por policías de Iguala (sureño estado de Guerrero) y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero del municipio aledaño de Cocula.

Esta versión, rechazada por padres de familia y expertos extranjeros al considerar imposible la incineración de 43 cuerpos sin dejar rastro en las condiciones en las que se encontraba el vertedero, sufrió hoy su enésimo revés con la aparición de un informe de la misma PGR que reconoce serias irregularidades en la investigación.

La Visitaduría General (asuntos internos) de la fiscalía mexicana realizó dos informes este año supervisados por su titular, César Alejandro Chávez Flores, quien renunció en septiembre pasado.

Uno de ellos relaciona a 66 funcionarios públicos que habrían participado en torturas para obtener confesiones que llevaron a sustentar la versión oficial del caso, y pide investigar a miembros del Ejército, de la Policía Federal y de la misma PGR como implicados directos en la tragedia.

Otro documento, que debía ser entregado a los padres en agosto pasado, se centra en las pesquisas en torno al río San Juan, donde se halló una bolsa con restos de Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes.

"De acuerdo a este documento las pruebas encontradas en el río San Juan fueron sembradas", dijo a Efe la periodista Anabel Hernández, que obtuvo este informe que también destapa torturas y fallos en el debido proceso.

El escrito apunta a que el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, "maquilló todos los sucesos en el río San Juan", remarcó Hernández, y no fue rubricado por el entonces responsable de asuntos internos por petición directa del presidente de México, Enrique Peña Nieto.

El mandatario pidió cambiar "el sentido del informe" para no "desbaratar" toda la verdad histórica, aseguró la periodista.

En la misma línea que la investigación de Hernández, el diario The New York Times reveló el jueves que el Gobierno decidió mantener en secreto este informe por miedo a reconocer irregularidades, y el artículo llevó a la fiscalía a asegurar que dicho documento no tiene validez legal.

"Se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio que carecen del rango de resolución formal" y, por tanto, está sujeto "a cualquier clase de modificación", puntualizó, sin discutir la existencia del escrito.

No obstante, para el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, la difusión de estos documentos es "sumamente relevante" porque reconoce "métodos ilegales" y "deficiencias estructurales" en el sistema de investigación.

Por ello, consideró "sospechosa" la renuncia de Chávez Flores, a la que siguió las de Zerón y la de la propia procuradora, Arely Gómez-, y apuntó que el Gobierno muy probablemente buscó "descafeinar" el resultado de estas pesquisas internas.

Rosales, letrado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció hoy que, una vez más, se "afecta al derecho a la verdad de los padres de familia".

Por ello, confió en que este tema sea tratado en la segunda visita de los miembros del mecanismo de seguimiento al caso implementado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), prevista para enero próximo.

"Uno de los requisitos de los padres para volver a sentarse es que haya una resolución ya en esta investigación interna, y que se pueda consignar a varios policía federales", concluyó.

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