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Ingresa en prisión el guardia civil condenado por encararse a un superior

La Asociación Unificada de la Guardia Civil considera que la condena es un "hecho lamentable" y acusa al Gobierno de una "dejación de funciones"

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El guardia civil condenado llega a la prisión de Alcalá Meco acompañado de su mujer y miembros de la UGGC

El guardia civil condenado llega a la prisión de Alcalá Meco acompañado de su mujer y miembros de la UGGC

El guardia civil condenado de tres meses y un día por empujar a un cabo durante un servicio ha ingresado sobre la una de esta tarde en la prisión militar de Alcalá Meco (Madrid). J.C.A. ha ingresado en prisión después de que la Justicia Militar le haya negado el beneficio de la suspensión de condena que la ley contempla para personal ajeno a los Ejércitos.

Los hechos por los que cumplirá condena se remontan a junio de 2010 cuando un numeroso grupo de vecinos del municipio de Mogán, en Gran Canaria, se manifestaron delante de la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Según el relato de sus compañeros, al agente le encomendaron integrarse en un dispositivo de seguridad para evitar el 'asalto' al recinto. En un momento dado, un cabo, que no participaba en el operativo, se puso a dar órdenes ante lo cual el agente le dijo, "tocándole en el hombro", "échate para allá y déjame trabajar". Esta frase fue considera por el tribunal castrense que lo juzgó, en aplicación del Código Penal Militar, como "insulto a un superior" por lo que se le condenó a tres meses y un día de cárcel con la consiguiente suspensión de cargo público y de derecho de sufragio durante ese tiempo.

Su abogado defensor ha pedido reiteradamente, sin éxito, que el guardia civil no ingrese en prisión al carecer de antecedentes penales y ser la condena inferior a dos años, pero la fiscal jurídico militar considera que los guardias civiles son miembros del Ejército y no tienen derecho a la aplicación de esta medida. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (UGGC), sin embargo, recuerda que la ley disciplinaria de la Guardia Civil, de 2007, abolió la aplicación del código militar a los agentes cuando se encontraran cumpliendo "misiones policiales", como sostienen que hacía Juan Carlos Alonso, y creen que este caso es un paso más en la "remilitarización" del instituto armado.

El Tribunal Militar Territorial Quinto, con sede en Santa Cruz de Tenerife, consideró probado que en un momento del tumulto J.C.A. increpó a un cabo y le propinó un empujón que lo desplazó hacia atrás. El Tribunal Supremo, en 2012, corroboró la condena por un delito de insulto a un superior previsto en el Código Penal Militar en la modalidad de maltrato de obra.

Desde que se dio a conocer la sentencia en firme, la UAGC -a la que pertenece el agente canario-, ha estado apoyando su causa para evitar que ingrese en prisión. Agotados todos los recursos posibles ahora solo queda que el Gobierno decida indultarle, algo que ya han solicitado sus compañeros pero que el agente no quiere hacerlo personalmente.

El secretario general de la asociación, Alberto Moya, que ha anunciado que la asociación convocará una concentración para el próximo día 8 ante este "hecho lamentable", ha señalado también que AUGC instará a los poderes públicos para que desarrollen un nuevo Código Penal Militar donde "no haya discriminación de los guardias civiles con respecto al resto de policías en cuanto a la privación de libertad".

"Es otro retroceso en derechos más que tiene que soportar la sociedad, y un error y una dejación de los poderes del Estado", ha subrayado Moya.

El primero de los "errores", a su juicio, es el judicial porque "ha permitido que un tribunal militar estire hasta este extremo las leyes para tratar a los guardias civiles peor que a delincuentes, evitando que el compañero se pueda acoger a la suspensión de condena".

Pero también, en su opinión, "un fracaso del poder legislativo porque sigue manteniéndonos en una inseguridad jurídica, en el sentido de si somos militares o no".

Y, además, se ha producido, dice, una "dejación de funciones del Gobierno que ha permitido este despropósito, que un servidor público entre en prisión. Se ha limitado a decir que el guardia civil en cuestión podía haber pedido el indulto".

"El compañero es coherente y dice que no es ningún delincuente y que no pide perdón, y por eso ha hecho el recurso correspondiente ante el Tribunal Constitucional", ha concluido.

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