Institución de DDHH se queja de “malos procedimientos policiales” en Uruguay

La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay (INDDHH), Ariela Peralta, dijo hoy que muchos de los reclamos que reciben están vinculados al Ministerio del Interior y a los “malos procedimientos policiales que generan violación al derecho a la integridad personal”.

Peralta achaca esa situación a una “falta de capacitación” de los agentes, lo cual deriva en una “mala implementación” de la actuación policial, aunque subrayó que no hay “una mala voluntad” por parte del Estado en ese sentido, dijo en una entrevista en el programa “La Mañana” de la radio local El Espectador.

Por otro lado, si bien afirmó que existe un “diálogo fluido” con la cartera del Interior acerca de estos asuntos, también destacó algunos de los problemas con los que se topa la institución cuando solicita informes al Ministerio para aclarar casos de actuaciones policiales que consideran inadecuadas.

En ese sentido, señaló que la mayoría de las veces les responden que se va a “investigar internamente” lo sucedido y que en ocasiones esa respuesta no les satisface del todo en cuanto a la profundidad y debido a lo tardío de su recepción.

“Necesitamos más rapidez” y una “reparación más clara y contundente”, aseveró Peralta.

También con relación a esta temática, otro de los asuntos que la INDDHH considera que debe mejorar en Uruguay está relacionado a las instituciones penales.

Si bien señaló que la INDDHH tiene cuatro años de existencia y carece de “un sistema de datos de cruce que sea efectivo y seguro”, Peralta dijo que en virtud de los últimos informes que manejó se estima que un 70 % de los detenidos del país se encuentra en esa situación sin una sentencia.

Peralta también apuntó que otros temas en los que se debe mejorar en Uruguay en materia de derechos humanos están relacionados con la escasa presencia femenina en altos cargos directivos y con la violencia de género.

También señaló que el retraso en cuanto a la persecución penal para la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado (la última dictadura en Uruguay tuvo lugar entre 1973 y 1985) “se traduce en impunidad” debido al paso del tiempo, que produce “pérdida de información”.