Interior: Los retoques en la ley de Seguridad no afectarán a su eje vertebral

Dos años después de la entrada en vigor de la ley de Seguridad Ciudadana y tras la anunciada negociación para modificarla, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defiende que no habrá problemas para retocar algunos artículos, pero esos cambios no afectarán a la columna vertebral de la norma.

“La ley tiene más cosas buenas que cosas que haya que corregir y si hay que corregir se pueden hacer perfectamente y no afectarán a la globalidad de lo que es toda la ley”, asegura en una entrevista con Efe Zoido, que a su llegada al ministerio hace casi seis meses ya sabía que la mayoría parlamentaria iba a acordar su derogación.

Pero tumbar la ley, que justo hoy cumple dos años, hasta la presentación de una nueva legislación sería, dice Zoido, una “irresponsabilidad”, porque provocaría “un vacío legal” a muchas conductas y actuaciones de las fuerzas de seguridad que quedaron plasmadas en la conocida como “Ley Mordaza”.

Una denominación que el ministro no comparte, pues opina que la ley no ha recortado derechos sino tipificado determinadas conductas que habían quedado despenalizadas con la reforma del Código Penal, en tanto que es lógico que las fuerzas de seguridad reclamaran una actualización para tener salvaguardados su derecho a la intimidad, además de preservar las actuaciones.

“Lo único que digo es que cuando alguien va a una manifestación y lleva objetos punzantes, bates de béisbol o elementos para no ser dialogantes, habrá que intervenirlos y poner una sanción administrativa”, enfatiza el ministro.

Con todo, Zoido se muestra dispuesto a sentarse y hablar con sinceridad para poder “matizar, concretar y modificar” lo que consensúe, pero zanja: “Creo que el eje y la columna vertebral de la ley no solo no ha perjudicado sino que ha beneficiado a la seguridad”.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha denunciado esta misma semana que solo en 2016 se impusieron 34.000 multas por “conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información”, de las cuales más de 12.000 corresponderían a infracciones relativas a “desobediencia o resistencia a la autoridad”.

La plataforma Nosomosdelito ha presentado una iniciativa para que el cambio legal que se tramita en el Congreso garantice el respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica de los ciudadanos.