Interior trabaja con la prensa en pautas para informar sobre desapariciones

El Ministerio del Interior trabaja con los medios de comunicación para establecer unas pautas de buenas prácticas que garanticen el “rigor y el compromiso” en el tratamiento informativo de los casos de personas desaparecidas.

Así se desprende de la respuesta ofrecida por el Gobierno a las preguntas de los diputados socialistas Antonio Hurtado y Ana María Botella sobre diversas cuestiones relacionadas con las desapariciones, entre ellas su tratamiento en la prensa y las medidas de apoyo a las víctimas y a sus familiares.

En la respuesta, a la que ha tenido acceso Efe, el Ejecutivo confirma que ya existe una guía de buenas prácticas, elaborada por la Fundación QSDGlobal y el Consejo Audiovisual de Andalucía, para el tratamiento periodístico de las desapariciones, al tiempo que Interior trabaja con la prensa para establecer nuevos protocolos.

Asimismo, informa el Gobierno de que el Ministerio de Justicia espera un primer borrador de la guía jurídica para las personas desaparecidas, una de las medidas prioritarias establecidas en las reuniones en esta materia entre los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad y la Fundación QSDGlobal.

Otra de las cuestiones en las que trabaja el Gobierno es en la digitalización de las notificaciones de personas desaparecidas, que hasta ahora se publican en formato físico en el tablón del Ayuntamiento donde el desaparecido hubiera tenido su último domicilio.

En este sentido, consta en la respuesta parlamentaria que el Gobierno está trabajando para que esta publicación se haga mediante un “tablón edictal electrónico” u otros servicios tecnológicos, siempre que el Letrado de la Administración de Justicia o el interesado lo consideren una medida eficaz para investigar el paradero del desaparecido.

Por último, informa el Gobierno de que Interior tiene firmado con la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) un convenio para coordinar la colaboración entre esta organización y las Fuerzas de Seguridad del Estado en el ámbito de la protección de menores, lo que incluye los casos de desapariciones.