El Intituto Internacional de Prensa pide que se derogue la Ley de Seguridad Ciudadana

El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) y otras tres organizaciones periodísticas pidieron hoy que el próximo Gobierno español derogue la Ley de Seguridad Ciudadana por considerar que esta norma “puede afectar al derecho a la información sobre temas de interés público en España”.

En las conclusiones de un informe titulado “España: La libertad de prensa en un momento de cambio”, el IPI indica que algunas medidas adoptadas, como la Ley de Seguridad Ciudadana, “albergan peligros evidentes para el libre flujo de información de interés público”.

El informe, presentado hoy, lo suscriben, además del IPI, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Federación Europea de Periodistas (FEP) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI).

“El próximo Gobierno español debería derogar la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana y recuperar la independencia de la RTVE”, señala el IPI en un comunicado emitido en Viena con motivo del lanzamiento de este informe de 30 páginas.

El IPI es una red global de periodistas y directores de medios de comunicación que existe desde hace 65 años.

Una misión integrada por representantes de las cuatro organizaciones se reunió en junio con miembros de los principales partidos españoles para analizar la situación de la libertad de prensa en un año electoral que concluye con los comicios generales del 20 diciembre.

“El IPI considera que las disposiciones vagas y desproporcionadas de la Ley de Seguridad Ciudadana pueden tener un efecto disuasorio en los medios de comunicación y pueden afectar al derecho a la información sobre temas de interés público en España”, indica el informe.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, declaró a la misión que el Gobierno “no había adoptado ninguna medida restrictiva en materia de libertad de expresión”, pese a que esa ley ha sido criticada por asociaciones españolas de periodistas y abogados, así como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y cinco relatores de derechos humanos de la ONU, recuerda el IPI.

Por su parte, Martha Steffens, miembro de la junta ejecutiva del IPI y líder de la misión, valora de forma positiva que los partidos de la oposición se hayan comprometido a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y a defender la independencia de RTVE.

También despiertan preocupación en estas organizaciones la reforma del Código Penal en aspectos relacionados con el terrorismo, el “pacto antiyihadista” y la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En especial, los periodistas critican “la ambigüedad en la redacción de estas normas y el riesgo que suponen para el ejercicio del periodismo”.

“Esa inseguridad es inaceptable y pone a los periodistas en un limbo jurídico peligroso”, señala Virginia Pérez Alonso, presidenta del PDLI, al explicar que las filtraciones periodísticas podrían ser calificadas como un delito de terrorismo.

El informe muestra además su preocupación por la independencia de RTVE y aconseja volver al sistema de nombramiento por medio de una mayoría de dos tercios del Parlamento para designar a los miembros del Consejo de Administración de la corporación.

Según relata la misión internacional de periodistas, todos los partidos de la oposición se mostraron de acuerdo en hacer ese cambio legal, mientras que el PP se justificó con motivos de “eficiencia”.

El informe recuerda que en abril del 2015 periodistas de RTVE presentaron una denuncia ante el Parlamento Europeo contra la supuesta parcialidad en este medio, recomienda asimismo la creación de un regulador independiente y específico del sector de los medios audiovisuales, y plantea la necesidad de mejorar la transparencia en el área de la publicidad institucional.