Investigación revela la transformación de un estadio chileno en campo de concentración

Lejos de la euforia, los aplausos y los goles, los pasillos del Estadio Nacional de Santiago guardan también en su memoria las atrocidades ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando el principal recinto deportivo de Chile se transformó en un inmenso campo de concentración.

La inquietud por revelar su oscuro pasado empujó a la periodista y corresponsal del “The New York Times” en Chile, Pascale Bonnefoy, a profundizar en el entramado de responsabilidades que convirtieron el campo de deportes en el “germen de la represión de Pinochet”.

“El Estadio Nacional fue el lugar donde se puso a prueba la organización del aparato represivo, donde se probaron los operativos y se fueron refinando las técnicas de tortura”, explicó Bonnefoy en una entrevista con Efe, en la que habló de “terrorismo de estadio”, su investigación sobre el centro de “prisioneros de guerra” por el que pasaron entre 15.000 y 20.000 hombres, mujeres y niños.

Entre el 11 de septiembre y el 9 de noviembre de 1973 el complejo deportivo se transformó en el campo de detenidos más importante que instaló el Régimen Militar en los meses posteriores al golpe de Estado. Ahí fueron trasladados simpatizantes de los partidos de la Unidad Popular de Salvador Allende, infractores del toque de queda, estudiantes, trabajadores de las fábricas o extranjeros sin ningún tipo de vinculación política, quienes fueron incomunicados sin ninguna acusación formal.

“Algunos estuvieron pocos días, otros semanas y algunos los dos meses. Muchos fueron torturados y 45 fueron fusilados, aunque no se saben cifras exactas porque muchos fusilamientos se realizaron fuera del estadio, podría haber muchos más”, aseveró la periodista y académica de la Universidad de Chile.

Entre los prisioneros del Estadio Nacional que fueron ejecutados se halla el cantautor Víctor Jara, quien fue torturado y acribillado con 44 balazos, y el periodista estadounidense Charles Horman, cuyo caso inspiró la película “Missing” del cineasta francés de origen griego Constantin Costa Gavras.

La investigación -que salió por primera vez en 2002 y este año fue reeditada con muchos más datos y fuentes- incluye 14 expedientes de la Fiscalía Militar de 1973 en los que constan las declaraciones de militares, víctimas y testigos que ayudaron a Bonnefoy a reconstruir las historias de quienes pasaron por ese centro del horror.

Gracias al hallazgo de estos documentos, que supuestamente habían desaparecido, la periodista descubrió que uno de los militares que escoltaba a los presos desde los camarines hasta los espacios de tortura del estadio actualmente trabajaba como encargado de la seguridad y protocolo de la Cámara de Diputados.

“Su nombre aparecía en uno de los expedientes porque se lo investigó por la ejecución de uno de los presos que escoltaba. Cuando puse su nombre en Google me di cuenta de que era el funcionario que se ponía siempre detrás del presidente de la cámara y que llevaba en el cargo doce años”, explicó la periodista.

El caso, que salió a la luz este junio, impulsó la renuncia del edecán, que ahora está siendo procesado.

Para llevar a cabo la investigación, Bonnefoy entrevistó a centenares de testigos, tanto víctimas como militares, cuyos nombres aparecían en los expedientes.

“Ha sido difícil, porque las víctimas quieren hablar, pero los militares no. Muchos de los antiguos uniformados con los que hablé no vieron nada, no supieron nada, no participaron en nada... Sólo unos pocos están dispuestos a decir la verdad”, señaló.

Incluso los militares que no estaban de acuerdo con lo que sucedía dentro del estadio, que ayudaron a los detenidos y sufrieron castigos por ello, “no han colaborado tanto como se esperaba”.

Según la periodista, la disparidad de estrategias judiciales adoptadas han agravado la situación. “Algunos jueces están condenando a personas específicas, pero otros condenan a todos quienes participaron en el aparato represor, incluso esos militares que no tuvieron opción o que fueron apreciados por los detenidos por su buen trato y ayuda”.

“Inicialmente hubo un pacto de silencio explícito, pero pasados tantos años creo que lo que están haciendo es protegerse a sí mismos. Por otro lado, creo que tienen un sentido de lealtad hacia la institución mal entendida, que, en el fondo, les empuja a encubrir crímenes”, explicó.

Ese silencio impide no sólo la aplicación de la justicia sino también reparar el dolor de los familiares de la víctimas, muchos de los cuales llevan 43 años buscando los cuerpos de sus seres queridos.

“Si hablaran sabríamos dónde están los cuerpos y quiénes tomaban las decisiones, son cosas básicas. Lo triste es que creo que la mayoría no lo va a hacer, si ya pasaron impunes toda estas décadas van a seguir así”, concluyó.