El juez pide pruebas de si Joaquim Nadal defendió el interés ecológico en una permuta terrenos

La juez que mantiene imputado por estafa al exconseller de Política Territorial Joaquim Nadal ha pedido a la Generalitat que aporte, si existen, documentos que acrediten si el político socialista defendió el interés ecológico del valle de Solius, antes de que la familia Lara comprara una finca en la zona.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona ha solicitado a la Dirección General de Ordenación Territorial (DGOT) de la Generalitat que le notifique si el “tripartito” respondió o no al recurso de alzada que el grupo ecologista Salvem Solius presentó ante Nadal en 2005 para proteger este paraje natural, situado en Santa Cristina d'Aro (Girona).

La juez Elena Carasol imputó en octubre del pasado año a Nadal por un delito de estafa, por supuestamente ocultar a un empresario que los terrenos que le ofrecieron en 2006 en la zona de Bernades de Santa Cristina d'Aro (Girona), como permuta para que no construyera un polígono en el paraje natural de Molí de Reixac, en el valle de Solius, eran inundables.

El fiscal Anticorrupción sospecha que el detonante que llevó a Nadal a impulsar esta permuta no fue el interés colectivo, sino la compra por parte de la familia del empresario José Manuel Lara -recientemente fallecido- de una finca próxima a la zona del Molí de Reixac, en marzo de 2006.

En su declaración ante la juez, el pasado 21 de noviembre, Nadal alegó que actuó en respuesta a la demanda de los grupos ecologistas -que se oponían a que el empresario construyera en Solius- y no en favor de la familia Lara.

Ante esta situación, la juez ha pedido a la DGOT que aporte a la causa un certificado en donde se haga constar “si ciertamente se dio contestación expresa” al recurso de alzada que interpuso Salvem Solius en 2005, entregando en su caso una copia concordada de la misma o si, por el contrario, la petición no fue contestada “en ningún momento” y corrió “la suerte de silencio administrativo”.

La imputación de Nadal llegó tras una querella presentada por la sociedad Varal Real Estate SL, que en julio de 2005 compró por seis millones de euros una finca en el sector de Molí de Reixac, que en abril de ese año acababa de ser catalogado como zona urbanizable industrial, para desarrollar sus planes industriales.

Sin embargo, el proyecto del empresario se topó con una fuerte oposición vecinal y ecologista, por el alto valor natural y paisajístico de la zona de Solius.

La plataforma Salvem Solius presentó en 2005 un recurso de alzada pidiendo al entonces conseller Nadal que intercediera para salvar el valle y, según los ecologistas, el departamento no les ofreció ninguna respuesta.

El proyecto del empresario siguió adelante, hasta que, tras varias negociaciones promovidas por Joaquim Nadal, el empresario firmó en octubre de 2006 un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro y con el Incasòl (dependiente de Política Territorial), en virtud del cual Varal vendió a la Generalitat el 50 % de la finca de la zona de Reixac por 7,5 millones de euros (más IVA), renunciando al desarrollo industrial de la zona.

A cambio, el empresario adquirió como permuta derechos urbanísticos en la zona industrial de Bernades, que finalmente resultaron ser inundables.

Según el Fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado, un hecho que puede “considerarse inicialmente como detonante” del cambio de las administraciones sobre el proyecto industrial de Molí de Reixac “fue la adquisición por parte de la sociedad Labogar, propiedad de la familia Lara, el 13 de marzo de 2006, de la finca Can Dalmau, próxima a aquella zona”.

En su escrito, la juez también ha acordado citar como testigos, el próximo 18 de febrero, a dos técnicos expertos en terrenos inundables y a un representante de una entidad financiera.