Jueces argentinos rechazan apartarse en caso por denuncia de Nisman

Dos jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina rechazaron hoy un pedido de una colega del mismo tribunal para no intervenir en un proceso para reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala I del máximo tribunal penal federal de Argentina, rechazaron la “excusación” solicitada por su colega en ese tribunal, Ana María Figueroa, para que ni ella ni sus compañeros intervinieran en el caso.

Los dos jueces rechazaron además un pedido de recusación presentado por un abogado, por lo que “seguirán a cargo del trámite de los recursos presentados en la causa en la que se pretende reabrir la investigación iniciada por el fiscal Nisman”, informó el CIJ.

Borinsky y Hornos resolvieron asimismo, “por celeridad”, convocar a las partes el 19 de diciembre próximo para que se expidan en torno de los recursos presentados en la causa.

El caso llegó a la Cámara de Casación tras admitir recursos presentados por la Fiscalía y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el brazo político de la comunidad judía local, en contra de la decisión judicial de rechazar reabrir la denuncia de Nisman contra Fernández (2007-2015) y otros exaltos cargos de su Gobierno.

Tanto la Fiscalía como la DAIA cuestionan la decisión del juez Daniel Rafecas de archivar la denuncia de Nisman por inexistencia de delito, un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal en septiembre pasado.

Nisman, encargado de la investigación del atentado contra la mutualista judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune, hizo su denuncia contra Fernández en enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto en su casa, con un disparo en la cabeza, en circunstancias aún por esclarecer.

En su denuncia, Nisman sostenía que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el Gobierno había asegurado serviría para avanzar en el esclarecimiento del ataque, buscaba en realidad encubrir a los sospechosos -entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani- a cambio de impulsar el intercambio comercial.

El pacto nunca fue ratificado por Irán y en Argentina, tras ser aprobado por el Parlamento, fue declarado inconstitucional por la Justicia.

La denuncia de Nisman recayó inicialmente en el tribunal del juez Daniel Rafecas, quien la desestimó poco tiempo después por inexistencia de delito, decisión que luego fue confirmada por dos tribunales de apelación de competencia superior.

El pasado agosto, la DAIA y la Fiscalía pidieron desarchivar la causa, pero Rafecas volvió a rechazar la solicitud.