Juez Gálvez decidirá el lunes si procesa a 57 acusados de saquear Guatemala

El juez Miguel Ángel Gálvez dijo hoy que será el próximo lunes cuando decida si procesa a las 57 personas acusadas de pertenecer a una red de saqueo al Estado de Guatemala, entre las que están el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015).

Por segundo día consecutivo y durante unas cinco horas, Gálvez continuó analizando las evidencias presentadas por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra la trama, supuestamente liderada por el ex binomio Presidencial, ya en prisión por otra red de corrupción.

En su extensa explicación sobre el caso conocido como “Cooptación del Estado”, que se prevé que finalice el próximo lunes con el dictamen de un eventual procesamiento a los imputados, Gálvez reiteró en varias ocasiones que su decisión, profundamente analizada porque no se sentiría “tranquilo si perjudica a alguien”, estará basada “solo en indicios racionales”.

“Trato de hacer un razonamiento intelectual”, explicó Gálvez al detallar cómo se constituyeron varias empresas de cartón a petición de la exvicepresidenta Baldetti, aunque ella no apareciera como representante o socia de ninguna.

El presidente del Juzgado B de Mayor Riesgo volvió a insistir este viernes como ya lo había hecho el día anterior en que no tomará como base para su decisión las declaraciones que el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, dio a la Fiscalía sobre la forma de operar de la trama, acusada de un saqueo millonario al erario público.

Según las declaraciones anticipadas de varios testigos, las autoridades lograron establecer que se firmaban cheques en blanco para estas empresas, a los que ponía cantidad el contador de Monzón, Víctor Hugo Hernández.

Pérez Molina y Baldetti se sirvieron de esta trama delictiva para financiar su campaña política y llegar al poder, y desde ahí cooptar el funcionamiento del Estado de Guatemala, según la investigación.

La red criminal, en la que están involucradas grandes empresas, incluidos medios de comunicación y constructoras, financió de manera ilegal al Partido Patriota liderado por Pérez Molina para su llegada al poder en 2012.

Una vez asumido el cargo, el ex binomio presidencial otorgó contratos ventajosos a estas empresas, así como a otras a las que exigió comisiones que alcanzaron al menos 500 millones de quetzales (65,5 millones de dólares), de acuerdo con la investigación.

Esta es una de las audiencias de primera declaración más largas de las celebradas en Guatemala, pues empezó el pasado 13 de junio, cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público y a la CICIG leyeron sus imputaciones.

El expresidente y Baldetti están acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y ambos ya guardan un régimen de prisión preventiva.

Pérez Molina entró a la cárcel el pasado mes de septiembre acusado de ser uno de los cabecillas de la estructura criminal autodenominada como “La Línea”, una red de defraudación aduanera que coodirigía con Baldetti, detenida en agosto del 2015.

Ambos han sido acusados, además, de haber recibido un soborno de unos 24,5 millones de dólares para adjudicar un contrato de ampliación en la mayor portuaria del país a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), ahora filial de la empresa holandesa APM Terminals.