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Juez argentino clausura la instrucción de la causa en la que procesó a Fernández

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Juez argentino clausura la instrucción de la causa en la que procesó a Fernández

Juez argentino clausura la instrucción de la causa en la que procesó a Fernández

El juez argentino Claudio Bonadio dio hoy por clausurada la instrucción de la causa en la que procesó a la expresidenta Cristina Fernández por presunta defraudación al Estado a través de la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central y la envió al fiscal para que decida si la eleva a juicio.

Según explicó la agencia estatal de noticias Télam, será ahora el procurador Eduardo Taiano quien deberá decidir si solicita que la causa, por la que también fueron procesados otros ex altos cargos del Ejecutivo de Fernández (2007-2015), como el exministro de Economía Axel Kicillof, pase, o todavía no, a debate oral y público.

A mediados del pasado mes, la ex jefa de Estado manifestó su deseo de ir pronto a juicio en el marco de esta investigación al querer "acelerar el proceso judicial" para "dejar a la Justicia en una posición ridícula y demostrar que es una persecución y que es inocente", según dijo entonces a Efe Gregorio Dalbón, jurista a cargo de las causas civiles de Fernández.

El 29 de noviembre Fernández se presentó ante la Justicia para registrar sus huellas y realizar otros trámites en el marco de esta causa, que investiga presuntas irregularidades en operaciones del Banco Central durante su Gobierno, en concreto la venta de contratos de futuros de dólar.

Esa visita a los juzgados supuso el paso previo para elevar a juicio oral el expediente, que afecta a 15 acusados y fue iniciado por una denuncia formulada en 2015 por legisladores entonces opositores, del actual frente gobernante Cambiemos.

La investigación apunta a que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado de la venta de dólares a futuro, se registraron millonarias pérdidas para la entidad bancaria.

Bonadio dictó en mayo dicha sentencia y dispuso el embargo de los bienes de Fernández por valor de 15 millones de pesos (unos 955.000 dólares), al considerar que en esas operaciones hubo "administración infiel en perjuicio de la administración pública".

Ambas medidas fueron apeladas por la expresidenta y el resto de los implicados, pero finalmente la Cámara Federal de Buenos Aires las ratificó el pasado 11 de noviembre.

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