Juez dominicano homologa el acuerdo entre la Procuraduría y Odebrecht

Un juez dominicano acogió hoy la petición de homologación del acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la constructora brasileña Odebrecht, que deberá pagar al país 184 millones de dólares, el doble de lo que admitió haber entregado en sobornos para lograr obras públicas.

La decisión fue adoptada por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Quevedo, durante una breve audiencia que se celebró a puerta cerrada.

Tras conocerse el fallo, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, expresó su “satisfacción” y aseguró que en 30 días Odebrecht revelará los nombres de las personas que recibieron los sobornos que la empresa aseguró haber entregado en el país entre 2001 y 2014 para hacerse con contratos de obras públicas.

“Esta homologación acelera y agiliza la investigación y nos acerca a los sobornados”, agregó en declaraciones a los periodistas en la sede de la Procuraduría.

Este acuerdo, explicó, “incluye un sinnúmero de acciones para Odebrecht que tiene que entregar todos los nombres de los sobornados y toda la información que esta en sus manos y que incluye desde transferencias bancarias, correos electrónicos”.

La multinacional y la Procuraduría dominicana (PGR) firmaron en enero pasado el acuerdo a través del cual Odebrecht se comprometió a pagar el doble de lo que aseguró haber entregado en sobornos.

Sin embargo, un juez declaró el pasado 1 de marzo inadmisible este procedimiento debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos “entre querellantes y querellados”, lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes.

La PGR anunció el pasado lunes que reintrodujo el acuerdo, en esta ocasión bajo la figura de criterio de oportunidad que, según señaló, “viabiliza la ejecución del acuerdo con la multinacional, en el que la misma reconoce formalmente haber cometido el delito de soborno y acepta la obligación innegociable de entregar información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos”.

Agregó que, amparada en el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, los empleados y directivos de la constructora brasileña no serán enjuiciados en República Dominicana porque serán procesados judicialmente en Brasil.

Los sobornados, sin embargo, serán juzgados en República Dominicana, aclaró.