Jueza Núñez pide al Ministerio Empleo que aclare si las ayudas del Gobierno se fiscalizaban

La jueza María Núñez, que instruye la pieza sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva subvencionado por la Junta y el Gobierno con 40 millones, ha solicitado, a petición del fiscal, que el Ministerio de Empleo amplíe un informe sobre el sistema de concesión de sus ayudas y aclare si eran fiscalizadas.

En el marco de esta pieza son investigados los exlíderes de UGT-A y CCOO-A Manuel Pastrana y Francisco Carbonero junto a exdirigentes de la Junta -como el exconsejero Antonio Fernández- y del Estado, como la directora de Trabajo del ministerio durante el Gobierno de José María Aznar, Soledad Córdova.

La instructora pidió, a solicitud de uno de los investigados (el exdirectivo de la aseguradora Vitalia Antonio Albarracín) un informe al Ministerio (remitido el pasado 18 de septiembre) sobre cómo se daban las ayudas sociolaborales del Estado entre el 2001 y el 2011.

Es el mismo periodo durante el cual la Junta repartió ayudas para los ERE siguiendo un “procedimiento específico” por el que se sientan en el banquillo 22 ex altos cargos del Gobierno socialista andaluz, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En ese informe, el Ministerio señalaba que las subvenciones se daban por “concesión directa” sin convocatoria pública, por lo que algunos investigados en la causa como el abogado Carlos Leal defienden que el Estado y la Junta usaban el mismo sistema al amparo de una orden ministerial de 1995 que regulaba ayudas excepcionales.

Las acusaciones del caso ERE, como la que ejerce el PP, sostienen que el problema no es que las ayudas de la Junta se dieran sin concurrencia sino que no había ningún tipo de solicitud ni expediente de las mismas -en algunos casos un mero pósit- ni se sometían a control alguno.

A petición de la Fiscalía, la jueza Núñez ha pedido al Ministerio de Empleo, en una providencia consultada por Efe, que amplíe su informe y concrete si en todos los expedientes “necesariamente debía de constar y constaba solicitud conjunta de la empresa y de los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos” y “resolución expresa de concesión de las ayudas”.

También si los expedientes estaban sujetos “a fiscalización y a qué extremos abarcaba la misma” y “a disponibilidad presupuestaria”. así como si los beneficiarios justificaron sus ayudas.

Por último pide al ministerio que indique si ha “iniciado algún procedimiento de reintegro”.

El ERE de la minería onubense, en el que se prejubilaron medio centenar de trabajadores, fue tramitado y cofinanciado por los Gobiernos central y autonómico.

La jueza reclama por ello a la Delegación de Gobierno en Andalucía (entonces dirigida por el hoy ministro Juan Ignacio Zoido) que aporte el acuerdo firmado al respecto con el consejero de Empleo de la Junta (entonces José Antonio Viera) el 27 de febrero del 2002 y las comunicaciones de dicho acuerdo a “todos y cada uno de los departamentos de la Administración del Estado” y las recibidas desde éstos dirigidas a la Delegación.

También le pide “copia del Plan Único del Gobierno Central para paliar la crisis de la faja pirítica andaluza (provincias de Huelva y Sevilla), con el expediente completo de elaboración” y las comunicaciones sobre dicho plan “entre los distintos organismos de la Administración del Estado”.

Por último, solicita copia del acta de la reunión del delegado del Gobierno con los sindicatos el 26 de febrero del 2003 y de las actas de los tres grupos de trabajo creados en la Subdelegación del Gobierno de Huelva.