Junqueras denuncia en el Supremo el “puzzle” de causas contra el soberanismo

El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras ha denunciado hoy ante el Tribunal Supremo la existencia de un “puzzle artificial” de causas para “criminalizar” al independentismo ante la imposibilidad de ilegalizarlo, hasta el punto de que “hay quien dice que se acusa a los catalanes en su conjunto”.

Así lo sostiene Junqueras en un recurso, al que ha tenido acceso Efe, interpuesto hoy ante el juez del Supremo Pablo Llarena, en el que se queja por la “indefensión” que supone que se vulneren los derechos fundamentales de los acusados en los distintos frentes judiciales abiertos contra el proceso catalán, abiertos porque “la política decidió que debía 'parar los pies' o 'descabezar' al independentismo catalán”.

En el escrito, el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, sostiene que la gestión de los distintos procedimientos abiertos contra el proceso catalán supone un “claro ejemplo de utilización estratégica” de las reglas del proceso penal, mediante un “puzzle artificial” de causas que “no puede ser convalidado ni tolerado al contravenir las más elementales reglas del proceso justo”.

“Resulta imposible explicar a legos o juristas qué criterios determinan la investigación procesal atomizada”, apunta Junqueras, que advierte de que este “rosario” de investigaciones paralelas contra el 'procés' tiene como “único” objetivo “criminalizar el independentismo catalán” porque no puede ser ilegalizado.

“A día de hoy ya no queda libre de crítica y acusación ninguna institución catalana: políticos rebeldes, ciudadanía abducida, docentes adoctrinadores, medios de comunicación parciales, médicos y bomberos sediciosos, artistas y humoristas apologetas, etc., hasta el punto de que hay quien dice que se acusa a los catalanes en su conjunto”, expone Junqueras en su recurso, en el que insiste en su petición de que se acumulen todos los procesos en una sola causa.

Junqueras lamenta en su escrito las “violaciones” de derechos en los distintos procedimientos abiertos contra el “procés”, en el que detalla hasta seis piezas distintas de un “puzzle” en las que se dan una “relajación de las reglas de competencia, jurisdicción, aforamiento, etc., que difícilmente encuentra antecedentes en procesos penales conocidos y que genera efectiva indefensión”.

“Hubo un día en que la política decidió que debía 'parar los pies o 'descabezar' al independentismo catalán. Una opción política legal y mayoritaria en Cataluña y, por tanto, imposible de ilegalizar, debía ser criminalizada, y a tal fin se diseño y/o promovió una estrategia de ataque por distintos frentes con una clara instrumentalización de la justicia penal”, apunta el recurso.

De esta forma, detalla que la primera pieza del “puzzle del asedio al independentismo pacífico” la lleva a cabo el juzgado de instrucción 13 de Barcelona en una causa que durante meses estuvo secreta y que ha servido para “monitorizar toda la actividad política del independentismo catalán”.

En esta pieza, según Junqueras, se ha producido un “control absoluto de los políticos independentistas, del gobierno catalán, de sus comunicaciones y actuaciones, para obtener y acopiar todas las supuestas fuentes de prueba que se utilizarán en los procesos donde convenga y cuando convenga”.

Otra “investigación paralela” es la que lleva a cabo la Guardia Civil en Cataluña, con el “beneplácito” del juzgado 13 de Barcelona, en una actuación que supone un “auxilio extraprocesal” con interrogatorios en comisaría y con informes y atestados con una “prosa digna de un cronista político, más que de un investigador y servidor público”.

La tercera pieza de este puzzle es, según Junqueras, la causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que se impulsó por desobediencia y que “rápidamente derivó en un instrumento más para atacar al referéndum de autodeterminación que, pese a no ser delictivo por haberlo así decidido el legislador penal, se tornó ya en septiembre de 2017 en el principal objetivo a combatir”.

Con esta causa, el TSJC adoptó medidas para “prohibir una votación de autodeterminación, criminalizar un espacio político legal y pacífico y someter a control al poder legislativo”, según Junqueras, encarcelado por rebelión.

El exconseller también denuncia en su escrito el papel de la Fiscalía, que ha promovido no sólo la acción penal contra los acusados en las distintas causas, sino que además ha abierto investigaciones contra alcaldes y otros ciudadanos por hechos análogos a las causas judiciales.

En el “rosario” de investigaciones abiertas, Junqueras también sitúa en quinto lugar a la Audiencia Nacional, que fue quien acordó enviar a prisión inicialmente a los miembros del Govern generando una instrucción para hacer acopio de material probatorio para remitirlo al Supremo.

Según Junqueras, la última pieza de este puzzle la encarna el propio Supremo, que mantiene abierta una causa contra los líderes del 'procés', “pero que depende de otros procedimientos en los que los investigados no tienen capacidad de influencia ni participación contradictoria”.