La Junta de Andalucía dará luz verde este martes al decreto para cumplir las 37,5 horas tras la sentencia del TC

El primero de los dos decretos llega al Consejo de Gobierno después de que el pasado viernes el TC anulara el decreto andaluz de las 35 horas, de manera que la Junta planea dar luz verde este martes a una norma que, previamente negociada en la Mesa General de Negociación Común con los sindicatos, busca dar cumplimiento a la sentencia del Alto Tribunal y que confía que no sea recurrido por el Gobierno central.

Según ha explicado la consejera del ramo, María Jesús Montero, el acuerdo establece que la jornada general ordinaria de trabajo será de 37,5 horas semanales, de las que 35 horas serán de obligada permanencia en el puesto, mientras que las 2,5 horas restantes se dedicarán a la preparación y organización de las tareas propias del puesto de trabajo, consulta de materias relacionadas con el puesto, así como formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional.

De otro lado, el Consejo de Gobierno también aprobará este martes el decreto ley de la Renta Mínima de Inserción Social, una medida que entrará en vigor el 1 de enero del 2018 y que beneficiará a alrededor de 45.000 familias y 120.000 personas. Precisamente la Ley de Presupuesto de Andalucía para el próximo ejercicio reserva un total de 198 millones de euros para este fin.

Este decreto definirá los criterios de reparto de esta renta, que oscilará entre 419,52 y 779,87 euros, y no tendrá en cuenta otros ingresos como las pensiones de alimentos o de orfandad para su cálculo, de manera que sea “un refuerzo y apoyo de protección a la infancia”. La renta mínima de inserción nace como parte de una política más amplia de integración social y laboral

Igualmente, según han informado a Europa Press fuentes de la Oficina del Portavoz de la Junta, el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de decreto por el que se crea el registro voluntario de personas interesadas en participar en ensayos clínicos en Andalucía 'ReVECA'.

Además, la Junta establecerá ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo Asistencial Social y de las beneficiadas del subsidio de garantía de ingresos mínimos para 2018. Asimismo, se aprobarán ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas para el citado año.

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno dará luz verde a la distribución de créditos entre ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales para financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de dependencia.