La Junta de Castilla y León defiende la legalidad de sus contratos con Cofely

Los nueve consejeros de la Junta de Castilla y León que han comparecido hoy en el Parlamento autonómico han defendido la legalidad de los contratos suscritos desde 2002 con la empresa Cofely, investigada en la Operación Púnica, y han ofrecido un pacto por la transparencia y contra la corrupción.

La primera en comparecer en Comisión ante los grupos parlamentarios ha sido la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, quien ha recalcado que los contratos de los que iban a informar los consejeros “no están siendo investigados por la Audiencia Nacional”, aunque la Junta ya ha anunciado que se los remitirá por si les son de utilidad.

Estos pagos a las compañías Cofely Contracting y Cofely España ascendieron entre 2002 y 2014 a 5,7 millones de euros, en su mayoría (4,7 millones) vinculados a la Gerencia Regional de Salud, según los datos aportados por Del Olmo, quien además ha garantizado que no ha habido pagos a ninguna de las otras 165 empresas aludidas por el PSOE como vinculadas a la trama y que serán objeto de otra petición de comparecencia, aún sin calificar por la Mesa de las Cortes.

El siguiente en intervenir ha sido el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha anunciado que mañana el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana.

De Santiago-Juárez ha considerado que “sería bueno” que los grupos parlamentarios alcanzaran “un gran pacto” en torno a esta nueva normativa para afrontar los momentos actuales, ya que “la transparencia es el mejor antídoto contra las prácticas corruptas y la mejor invitación a los ciudadanos para que participen”.

El resto de consejeros que han desfilado sucesivamente por las respectivas comisiones en una maratoniana jornada parlamentaria han coincidido en defender la legalidad de los contratos, mientras que la oposición ha reivindicado la necesidad de que el ejercicio de transparencia se sostenga en el tiempo y no se limite a un “postureo” limitado a un día para usar el Parlamento como una “lavadora”, en palabras del procurador socialista Francisco Ramos.

Una de las comparecencias que ha resultado más tensa ha sido la protagonizada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, quien ha pedido “prudencia” para abordar la corrupción y, en concreto, se ha enfadado con el PSOE por “sembrar dudas” al hablar de vínculos familiares entre miembros de la Administración y empresas vinculadas a la Operación Púnica.

Tras defender el “estricto cumplimiento de la legalidad” de su departamento en los procedimientos de contratación, Silván y la portavoz socialista en la Comisión, Ana María Muñoz de la Peña, se han enfrentado al aludir la representante del PSOE a los vínculos familiares de uno de los dirigentes de la Fundación Patrimonio Natural, Rafael Gómez Arenas.

En concreto, la socialista ha indicado que es hermano de Luis Alberto Gómez Arenas, administrador único de las empresas Amatex y Rebi, esta última adjudicataria junto a Cofely de una obra en la Universidad de Valladolid, contratada por la empresa pública Somacyl, dependiente de la misma Consejería.

“Será legal contratar con tu hermano, pero ni es ético ni es decente”, ha sentenciado Muñoz de la Peña, a quien ha replicado el consejero que estas acusaciones “no se ajustan a la realidad”.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha defendido la necesidad de utilizar el procedimiento negociado para contratar obras menores con mayor agilidad en lugar del negociado, que implica una mayor tramitación, sin que ello implique que la adjudicación de los contratos menores se vean viciados por “discrecionalidad”.

En opinión de Saez, “los señores corruptos que están en la cárcel no han enredado con contratos menores, sino con mayores”.

“Hay contratos negociados de alguna cifra superior que por acumulación acaban siendo golosos”, le ha replicado el representante de IU, José María González, a quien el consejero ha reconocido que “si se acumulan” los contratos menores para sortear un procedimiento abierto se estaría “hablando de otra cosa”.

Al cierre de esta ronda de comparecencias, que ha durado casi diez horas, los miembros del Gobierno autonómico y los representantes del Grupo Popular han mantenido que han hecho un “ejercicio ejemplar de transparencia”, mientras que la oposición socialista ha insistido en que lo montado en las Cortes ha sido “un circo de nueve pistas” para “intentar lavar la imagen” de la Junta, en palabras de la socialista Ángela Marqués.