La Junta de Castilla y León aprecia “normalidad” en sus contratos con Cofely

Los consejeros de la Junta de Castilla y León han observado “normalidad” en los contratos suscritos con la empresa Cofely, vinculada con la Operación Púnica, al tiempo que el consejero de la Presidencia ha ofrecido una “gran pacto” por la transparencia.

Los distintos consejeros han ido desfilando, a petición propia y también de los grupos de la oposición, por las comisiones correspondientes de las Cortes de Castilla y León en una ronda de intervenciones para informar de los contratos de cada departamento con la empresa Cofely.

En una de estas intervenciones el consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago Juárez, ha anunciado que mañana mismo el Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobará el proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, que en opinión del Ejecutivo autonómico es “más ambicioso” que la normativa estatal aprobada por el Gobierno de España.

De Santiago-Juárez ha considerado que “sería bueno” que los grupos parlamentarios alcanzaran “un gran pacto” en torno a esta nueva normativa para afrontar los momentos actuales, ya que “la transparencia es el mejor antídoto contra las prácticas corruptas y la mejor invitación a los ciudadanos para que participen”.

Para el portavoz de la Junta, la ronda de comparecencias que afrontan hoy los nueve consejeros es “un ejercicio de transparencia impecable y ágil” porque los ciudadanos demandan “toda la información y toda la limpieza política”.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha asegurado que los pagos realizados por su departamento a la sociedad Cofely derivan de relaciones contractuales normales para el funcionamiento administrativo que “no están siendo investigadas por la Audiencia Nacional”.

Pilar del Olmo ha explicado que su departamento tiene de 2002 a 2014 contratos con la empresa Cofely Contracting por importe de 149.652 euros y con Cofely España por 2.493 euros.

El parlamentario del Grupo Socialista José Francisco Martín ha pedido a la consejera que informe de los contratos suscritos con las empresas Helio Ibérica de Servicios Energéticos y Grupo Dico.

La consejera ha explicado que Helio Ibérica es antecesora de Cofely y que sus datos están incluidos en la segunda, al disponer del mismo número de identificación fiscal y ha advertido que el Grupo Dico no ha sido incluido en la petición del información.

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha pedido “prudencia” para abordar la corrupción y, en concreto, se ha enfadado con el PSOE por “sembrar dudas” al hablar de vínculos familiares entre miembros de la Administración y empresas investigadas en la Operación Púnica.

Ha defendido Silván “el estricto cumplimiento de la legalidad” de su departamento en los procedimientos de contratación y ha detallado que entre 2002 y 2014 sólo han hallado contratos menores con Cofely por importe de 15.803 euros y que se tramitaron correctamente.

El enfrentamiento entre Silván y la portavoz socialista en la Comisión, Ana María Muñoz de la Peña, ha llegado después de que la representante del PSOE aludiera directamente a que el administrador único de las empresas Amatex y Rebi, Luis Alberto Gómez Arenas, es hermano del “director de la Fundación Patrimonio Natural, Rafael Gómez Arenas”, un departamento que también depende de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que posteriormente ha precisado que el cargo de este hombre es el de jefe de área de dicha fundación.

En la comparecencia de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, el parlamentario de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pedido aclaraciones en torno a las empresas filiales y participadas por Cofely España.

Han comparecido también los consejeros de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y de Sanidad, Antonio Saez, y además tienen previsto hacer a continuación de las consejeras de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y Cultura y Turismo, Alicia García, y el de Educación, Juan José Mateos.