La Junta apoya la reforma ante la receptividad del Gobierno con la Comunidad

El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado hoy que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se ha mostrado “muy sensible” con las peticiones de la Comunidad, por lo que ha apoyado el proyecto de reforma local.

El portavoz de la Junta de Castilla y León ha expresado su seguridad de que esta reforma supondrá “la racionalización” de las administraciones en España.

En su intervención en el Senado, el consejero ha reconocido que en los últimos meses se han producido ajustes importantes en el contenido de esta norma, con “mejoras sustanciales”, por lo que ha confiado en que “en esta fase final de su trámite en la Cámara Alta sea posible perfeccionarlo, todavía, en algunos aspectos”.

“Castilla y León no tiene miedo a gestionar ninguna función o competencia más”, pero con financiación “adecuada, calculada sobre el coste efectivo de su desempeño”, ha declarado.

De Santiago-Juárez ha defendido que “los servicios sociales no residenciales se mantengan en el ámbito local, con la colaboración de las comunidades”, como los consultorios locales.

“Las necesarias e inminentes reformas de las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales son las que deben fijar los términos de esa asunción de funciones propias de las administraciones locales”, ha añadido.

El portavoz ha calificado de “fundamental” que “se abra un plazo de entre 3 y 5 años para que las comunidades autónomas podamos asumir, de forma progresiva, la gestión de esos servicios”.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han apostado por los contenidos de la reforma local, mientras que las regidas por el PSOE y los nacionalistas la han rechazado, al considerar que es recentralizadora y vulnera la distribución de competencias.

Así se han expresado durante el debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.

El consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell, ha afirmado que no respeta el Estatuto de Cataluña, que “supedita a la normativa estatal, y ha considerado que la normativa ”va más allá de la Constitución“.

Ha lamentado que el traspaso de competencias no vaya acompañado de financiación y ha puntualizado que la recentralización y uniformidad es “la medicina errónea” de esta reforma.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha coincidido en que supone la “recentralización política del poder local” y un “escenario preconstitucional”, elaborado desde una “posición economicista” al dictado de la troika europea.

Ha indicado que vulnera su Estatuto y ha lamentado la falta de consenso “político y territorial” con el que nace la reforma, constituida por el PP “en absoluta soledad”.

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reclamado “los recursos necesarios” para poder cumplir con “el mandato de no incremento del gasto”, aunque cree que se trata de una “reordenación obligada” de la administración local debido a los cambios que ha experimentado el marco autonómico en los últimos 30 años.

Aunque ha alabado la norma, ha añadido que aún hay “margen de mejora” para garantizar que “sea eficaz” y que las entidades locales sean “viables a futuro”.

El consejero de Presidencia de la Comunidad Valenciana, José Císcar, ha apoyado la futura reforma porque es “absolutamente necesario simplificar el mapa competencial” y “clarificar competencias”.

Císcar ha valorado que en 2014 se revise el modelo de financiación autonómica y local para poder “abordar con garantías todo el proceso de asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas en los plazos establecidos por la reforma local”.

La consejera de Presidencia de Cantabria, Leticia Díaz, ha considerado que esta reforma no se puede abstraer del resto que ha emprendido el Gobierno y ha apelado a la “leal corresponsabilidad” para mejorar la gestión de las administraciones y garantizar los servicios esenciales.

El consejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, ha dicho que atenta e invade competencias de su comunidad y genera desigualdades graves, especialmente en financiación.

Ha destacado que la norma no tiene en cuenta el caso de las comunidades uniprovinciales, de manera que Asturias tendrá que asumir las atribuciones de las diputaciones.

Manuel Campos, consejero de Presidencia de Murcia, ha aplaudido la iniciativa y ha dicho que “el espíritu que la anima” por encima de todo es la sostenibilidad, para “garantizar los servicios públicos”.

El consejero de Política Territorial e Interior de Aragón, Antonio Suárez, ha indicado que la reforma llevará los servicios hasta el “ultimo rincón” de la comunidad autónoma y que es “absolutamente necesaria” para “garantizar la prestación de todos los servicios públicos en las mejores condiciones de calidad y costes”.

Desde Castilla-La Mancha, su consejero de Presidencia, Leandro Esteban ha opinado que es “imprescindible” y ha rechazado que se trate de una “iniciativa impuesta”, pues los textos han sufrido “modificaciones sustanciales” desde el inicio de la negociación, lo que muestra que es una “norma dinámica”.

El consejero de Presidencia de Canarias, Francisco Hernández, ha insistido en que “vulnera la autonomía municipal consagrada en la Constitución”, al tiempo que ha destacado la “ausencia” de mención a la singularidad canaria, en referencia a los cabildos insulares.

Para el consejero navarro de Administración Local, José Javier Esparza, era necesario reformar el modelo municipal, por lo que ha dado la bienvenida al texto actual, que incluye la especificidad de Navarra, aunque para mejorar “todavía más” UPN ha presentado una serie de enmiendas.

El consejero de Administración Pública extremeño, Pedro Nevado-Batalla, ha señalado que aportará “constitucionalidad, racionalidad y municipalismo en beneficio de los ciudadanos” y ha destacado “los instrumentos de control y de evaluación de la actividad” incorporados con la nueva ley.

Salvador Victoria, consejero de Presidencia de Madrid, ha elogiado la labor del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que “ha impulsado las reformas necesarias” para sacar a España de la situación económica en que la dejó el anterior Gobierno del PSOE, y ha mostrado el “total respaldo” a la reforma local, que “clarifica competencias, evita duplicidades y aporta un mayor control financiero”.

La consejera de Administración Pública de Melilla, Catalina Muriel, ha defendido la reforma, que contempla las especificidades de su ciudad y de Ceuta, y ha precisado que resolverá cuestiones hasta ahora no resueltas en competencias.