Junts pel sí presenta su hoja de ruta a la independencia “para que Cataluña sobreviva”

En un acto en el Il·lustre Colegi d'Advocats de Barcelona (Icab), ha detallado los pasos del documento que evita “saltos al vacío” especialmente en su vertiente jurídica.

También han intervenido los miembros de la lista Carme Forcadell, Muriel Casals, y Carles Puigdemont, y los representantes de CDC, Josep Rull, y de ERC, Marta Rovira, y entre los asistentes han estado los consellers Francesc Homs y Germà Gordó; el líder de Súmate, Eduardo Reyes, y diversos diputados de ERC y CDC.

Carme Forcadell ha recordado que todos esos pasos hay que hacerlos bien porque “está en juego la creación de una Cataluña mejor y más justa”.

El primero de ellos se establecerá el 27 de septiembre con las elecciones catalanas, en las que Junts pel sí espera conseguir el mandato democrático necesario para poder comenzar el proceso constituyente: “Esta es una condición 'sine qua non”, ha dicho Pi-Sunyer.

“Lo importante no es si éstas son o no unas elecciones plebiscitarias, sino que saldrá un mandato democrático de ellas”, ha subrayado matizando que estará dirigido al Parlament y que este estará obligado a cumplirlo.

Justo después de las elecciones, la Cámara catalana tendrá que hacer una declaración solemne y, tras ello, lo primero que deberá hacer el gobierno resultante es iniciar las negociaciones con el Estado para hacer efectiva ese mandato: “Tenemos que dejar clara la voluntad de diálogo”.

ESTRUCTURAS DE ESTADO

La hoja de ruta estipula que se dará parte a las instituciones europeas tanto del mandato como de la intención de negociar con el España, y de mantenerse dentro de la UE; también se informará a los líderes de las grandes organizaciones internacionales y a los jefes de Estado.

A partir de entonces, según Junts pel sí, dará comienzo el proceso constituyente que empezará gestionado “exclusivamente por la sociedad civil que se autoorganizará” y paralelamente el Parlament pondrá en funcionamiento las estructuras de Estado sobre las que el Govern ha estado trabajando en los últimos meses, que no se podrán bloquear de manera jurídica porque se podrán en marcha físicamente pero no de forma normativa.

El documento divide las estructuras de Estado en cuatro ámbitos: las del bienestar, las económicas, las de acción exterior y las de medidas para la gobernanza y para reforzar la administración; una división que ya recoge el Libro Blanco para la Transición Nacional, del que el mismo Pi-Sunyer era redactor.

La Cámara catalana incrementará los contactos internacionales, diseñará las estrategias para que Cataluña sea incluida en las organizaciones internacionales, realizará la gestión ordinaria de la administración --dando respuesta a las urgencias sociales--, y llevará a cabo “las actuaciones necesarias para demostrar su deseo de diálogo con el Estado”.

“SENTARSE A NEGOCIAR”

En esas negociaciones, Pi-Sunyer ha dicho no excluir un referéndum pactado con el Estado, pero una vez se hayan puesto en marcha esa mínimas condiciones para empezar el proceso constituyente, independientemente del posicionamiento del Gobierno central “se declarará la independencia”.

Sobre las negociaciones se ha referido Rull, que ha reclamado un 'sí' el 27S a su propuesta porque cuanto más grande sea el mandato democrático que consigan en las urnas “más obligación tendrán de sentarse a negociar”.

Estos pasos vendrán auspiciados por un gobierno de concentración formado “por las fuerzas políticas dispuestas a implementar el mandato a favor de la independencia, que cuente con la máxima estabilidad y el máximo apoyo parlamentario”, que tenga por objetivo culminar el proceso.

RECUPERAR LEYES PROHIBIDAS

El escrito contempla la recuperación de las leyes aprobadas por el Parlament y por el Govern que han sido recurridas, suspendidas o anuladas por el Gobierno central y Tribunal Constitucional, en lo que Rovira ha tachado de “burla” hacia el principio democrático y hacia la Cámara catalana.

Entre ellas se cuenta el decreto de pobreza energética, el de dación en pago y ley de segunda oportunidad, la de los horarios comerciales, la de la prohibición del 'fraking', el impuesto de depósitos bancarios y el de energías nucleares y emisiones contaminantes de la industria.

La hoja de ruta también señala que se aprobará la ley de transitoriedad jurídica que regulará los elementos constitutivos, estructurales, del nuevo estado; definirá quiénes son ciudadanos y especificará sus derechos, aclarará el régimen de lenguas, regulará la función del jefe de Estado.

Una norma que tendrá como criterio principal incluir las novedades que vayan apareciendo pero condicionará lo mínimo posible las decisiones del Parlement, establecerá el orden jurídico, y asegurará que no haya vacíos legales, garantizando la sucesión de la administración.

El Parlament, por su parte, dictará la ley del Proceso Constituyente, que tratará de encajar los resultados alcanzados en esta primera fase, que finalizará con un mandato el presidente de la Generalitat que convocará elecciones en menos de un mes, para después empezar la elaboración de la constitución definitiva, que culminará cuando sea sometida a referéndum.