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La Justicia boliviana aprueba la extradición a Perú del empresario Belaunde

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La Justicia boliviana aprueba la extradición a Perú del empresario Belaunde

La Justicia boliviana aprueba la extradición a Perú del empresario Belaunde

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aprobó hoy la solicitud de las autoridades de Perú para que se extradite al empresario Martin Belaunde Lossio, exasesor del presidente Ollanta Humala.

La decisión se tomó por unanimidad en una sesión plenaria del TSJ en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial, dijo a los medios el magistrado Antonio Campero.

Belaunde Lossio está acusado en su país de corrupción y se encuentra en detención domiciliaria en una casa de sus familiares bolivianos en La Paz, por una decisión del TSJ.

El tribunal notificará a las partes su decisión y derivará el caso al órgano Ejecutivo para que "corra con los trámites correspondientes" para la extradición de Belaunde Lossio a Perú, señaló Campero.

"Ellos (las autoridades del Ejecutivo), en función de la sentencia emitida por el TSJ, llevan adelante la presentación correspondiente hasta la entrega del ciudadano peruano a su país", agregó el magistrado.

Martín Belaunde, que asesoró a Humala en la campaña electoral de 2006, está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener así beneficios económicos personales.

El empresario solicitó refugio en Bolivia, pero la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó dos veces esta petición con el argumento de que el peruano no probó ser un perseguido político.

En atención a una solicitud de las autoridades judiciales de Perú, el TSJ de Bolivia ordenó el pasado 21 de enero el arresto domiciliario con fines de extradición de Belaunde.

En marzo pasado, el máximo tribunal de justicia de Bolivia amplió la vigencia de la detención domiciliaria hasta el 21 de mayo mientras avanzaban los trámites de Perú para pedir la extradición.

El Gobierno boliviano ha expresado varias veces que desea superar lo antes posible esta situación en el marco de la ley, ya sea mediante la expulsión del empresario o su extradición, si fuera el caso.

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