Justicia informará mañana al Congreso, con más de dos años de retraso, de los indultos concedidos y denegados desde 2016

La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, dará cuenta este jueves en la comisión del ramo del Congreso del número de indultos concedidos y denegados por el Gobierno de Mariano Rajoy en el último año y medio.

En la última reforma del Código Penal, que data de marzo de 2015, se introdujo una nueva disposición adicional en la Ley del Indulto, que obliga al Gobierno a remitir semestralmente al Congreso un informe con la concesión y denegación de indultos y a ser presentado por un alto cargo del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha cumplido con ese mandato legal porque ya ha transcurrido más de dos años sin remitir, en el plazo estipulado, al Palacio de la Carrera de San Jerónimo el citado informe.

Precisamente así se lo recordaba En Comú Podem el pasado mes junio en la petición de comparecencia que registró para que la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín, acudiera al Congreso en cumplimiento de lo previsto en aquella reforma.

En concreto, En Comú demandaba que la 'numero dos' de Justicia diera cuenta de los indultos concedidos y denegados por el Ejecutivo desde julio de 2015. Poco después, fue la 'número tres' del Ministerio quien pidió comparecer para detallar esas cifras.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), en 2016 el Gobierno concedió un total de 27 indultos a personas condenadas por delitos medioambientales, contra la salud pública, de lesiones, falsedad en documento oficial o estafa, pero ninguno de ellos relacionados con la corrupción.

Lo que se desconoce es la cifra de indultados de los primeros seis meses de 2017, puesto que el Gobierno sólo ha hecho públicos los concedidos con motivo de la festividad de la Semana Santa. Este año los 'agraciados' fueron siete.

EL CONGRESO TIENE PENDIENTE UNA REFORMA

En estos momentos se está tramitando en el Congreso una proposición de ley del PSOE para modificar la Ley del Indulto, que data de 1870. El texto se tomó en consideración el pasado 14 de febrero, pero desde entonces quedó varado en la Comisión de Justicia porque acumula ya más de cinco meses de prórrogas en el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas.

El objetivo de la iniciativa es prohibir la concesión de indultos a condenados por corrupción y delitos de violencia de género. Aunque se tramitó con el voto afirmativo de todos los grupos, la mayoría cuestionó que se limitase a la prohibición a esos delitos y no a otros como los de terrorismo, crimen organizado, pederastia, prostitución o trata de personas, entre otros, por lo que avanzaron que aprovecharán su tramitación para ampliar las excepciones.

Además de limitar la concesión del indulto total o parcial a los delitos de corrupción y violencia de género, la iniciativa también exige razones de “razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado” para poder otorgar el indulto total, justificaciones que deberán publicarse en el BOE a la hora de comunicar la concesión de indultos.

La reforma auspiciada por el PSOE también aboga por no conceder el indulto si en su correspondiente resolución no se hiciese mención expresa, al menos, a la pena en que recaiga la gracia, al delito cometido, al estado de ejecución, en su caso, de la pena impuesta, al título de imputación, al origen de la solicitud de indulto y, finalmente, a la motivación que, a juicio del Gobierno, ha justificado su concesión.