Keiko Fujimori dice no hay sustento para la investigación por crimen organizado

La líder opositora peruana Keiko Fujimori afirmó hoy que no hay sustento legal para investigarla, junto a su esposo Mark Vito, por crimen organizado, tal como anunció la Fiscalía anticorrupción esta semana.

La excandidata presidencial en 2006 y 2011 dijo, a través de su cuenta en Twitter, que nunca se negará a ser investigada pero que “calificarnos de organización criminal por hacer cócteles es el colmo!”, en referencia a las reuniones sociales que su partido organizó para reunir fondos para sus campañas electorales.

“Vengo siendo investigada 18 meses por el tema 'Cocteles'. El plazo venció largamente y nada encontraron”, afirmó la hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel.

La líder del partido Fuerza Popular agregó que “no hay un nuevo sustento legal para que se continúe la investigación preliminar y menos como crimen organizado”.

Precisamente, en la víspera se conoció que la fiscalía archivó una investigación por presunto lavado de activos contra el exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori por presuntamente no haber podido acreditar la ilegalidad de los fondos del partido.

El fiscal José Pérez dispuso, el jueves último, que la investigación contra Mark Vito y Keiko Fujimori se adecúe a la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077) y el Nuevo Código Procesal Penal.

La ley mencionada establece que promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal de tres o más personas es considerado un agravante en un grupo de delitos, entre ellos el lavado de activos.

El Ministerio Público informó que el fiscal Pérez ha solicitado “vía cooperación judicial internacional, recabar información sobre la sociedad LVF Liberty Institute”, una organización con sede en Estados Unidos que supuestamente transfirió 65.000 dólares al partido fujimorista Fuerza Popular en 2015.

El diario La República recordó que en febrero de 2016 reveló que LVF Liberty Institute, cuyo apoderado es el peruano Juan Carlos Luna Frisancho, transfirió 65.000 dólares a Fuerza Popular y desde entonces “no consignó ningún otro movimiento bancario”.

El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, también confirmó a fines de agosto que una nota hallada en el teléfono móvil del encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht con el mensaje “Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita” (Aumentar Keiko a 500 y yo voy a hacer visita) estaba en poder de los fiscales peruanos.

Odebrecht pidió al entonces director de su compañía en Perú, Jorge Barata, que aumentara el apoyo a la candidatura de Fujimori durante la campaña presidencial peruana de 2011, según las declaraciones que dio a fiscales peruanos en mayo pasado y que fueron publicadas en julio por la revista Caretas.

En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por sobornos para el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.