Klaus deja la Presidencia checa con gran polémica por la amnistía a 7.000 presos

El euroescéptico presidente de la República Checa, Václav Klaus, abandonará el cargo fiel a la tónica durante su mandato: la polémica. El motivo ha sido una amplia amnistía a 7.000 presos que ha causado, primero, estupor y, después, indignación.

El 1 de enero de 2013 Klaus, que agota en marzo su mandato presidencial, anunciaba en su mensaje de año nuevo una amnistía parcial con motivo de los veinte años de la vuelta a la libertad, tras la caída del comunismo.

Si la amnistía estaba pensada como un gesto noble y un mensaje de reconciliación para la sociedad checa, esa intención ha fracasado entre el fragor de quienes acusan a Klaus de corrupción y de favorecer a sus amigos investigados por delitos financieros.

El presidente saliente mostró su clemencia a delincuentes de poca monta y a los prisioneros de más edad, al tiempo que amonestó a los tribunales por ser demasiado lentos en emitir sus veredictos.

Klaus hizo uso de su prerrogativa presidencial por primera vez y más de tres lustros después de la última amnistía decretada por su predecesor, Václav Havel, para vaciar las cárceles de prisioneros políticos del comunismo.

En total el perdón presidencial benefició a 7.000 personas, un tercio de la población carcelaria, y además se limpió el registro penal de muchos miles de inculpados que arrastraban castigos condicionales.

Mientras tanto, las pequeñas estafas, asaltos y robos, algunos de ellos con violencia, de amnistiados comenzaron a causar revuelo y alarma social en el país.

Pero la ola de repulsa en el país centroeuropeo no fue por este motivo, a pesar del malestar que producían las noticias, casi diarias, sobre los reincidentes y sus víctimas.

El problema era el polémico artículo 2 de la amnistía, que ordenaba paralizar todas aquellas causas cuyo trámite durara más de ocho años abiertas y llevaran aneja una pena máxima de 10 años.

Son 19 las causas graves que pueden ser finiquitadas por el perdón presidencial -14 bajo la supervisión de la Alta Fiscalía de Praga y 5 por la de Olomouc- y ello ha desencadenado un escándalo mayúsculo y críticas de amiguismo y corrupción contra el jefe del Estado.

El Gobierno, que firmó la amnistía, ha tenido que someterse a una moción de censura, la cual ganó, y ya se han presentado dos demandas de inconstitucionalidad por parte de senadores opositores que exigen que se suspenda la aplicación de esa parte de la medida.

El presidente del Tribunal Constitucional, Pavel Rychetsky, dijo que la amnistía es una chapuza; la vicepresidente de la Cámara alta, Alena Gajduskova, la tachó de “afrenta moral”, y una colega suya del grupo mixto llegó a hablar de “genocidio moral”.

Todos los líderes políticos han criticado sin paliativos esa parte del texto, si bien el jefe del Gobierno checo, el conservador Petr Necas, dijo que la firmó para que tuviera validez administrativa.

“Las daños económicos de las 14 causas que corren el riesgo de ser paralizadas por la amnistía ascienden a 240 millones de euros”, cuantificó para Efe Adam Basný, portavoz de la fiscalía praguense.

Se trata de causas de delito financiero y económico muy grave, como la del promotor fraudulento de viviendas H-System, el opaco proyecto de “Casa Checa” en Moscú, que dirigió un alto funcionario de Exteriores, o los préstamos sin cobertura autorizados por una alta directiva de Komercní Banka.

También se encuentran aquí los delitos de prevaricación judicial del magistrado Jiri Berka, para lo que se acuñó el nombre de “mafia concursal”, y por el que se dictaba de manera fraudulenta la bancarrota de empresas para luego despojarlas de bienes.

“Puedo informarle que hemos interpuesto una denuncia contra todos las decisiones de los juzgados que han optado por detener los procesos penales (de acuerdo con la amnistía)”, añadió Basný.

En el caso de la fiscalía de Olomouc (este de la República Checa), el caso más grave es el de Union Banka, de la que entre 1999 y 2002 se extrajeron fraudulentamente 160 millones de euros y cuyo proceso judicial comenzó en 2003.

“El 22 de enero iba a producirse la sentencia del juez, pero, como consecuencia de la amnistía, se paralizó”, dijo a Efe Pavel Komár, portavoz de la fiscalía de Olomouc.

Al igual que Praga, la alta fiscalía de Olomouc presentará una denuncia para que todos estos casos sigan abiertos y la justicia independiente emita finalmente su veredicto.

Gustavo Monge