Kofi Annan pide garantizar los derechos de los rohinyás en Birmania

Una comisión creada por el Gobierno de Birmania (Myanmar) y presidida por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan propuso hoy abordar los derechos de la minoría musulmana rohinyá para prevenir y resolver la violencia sectaria.

El comité, que ayer entregó el informe al presidente del país, Htin Kyaw, dio a conocer las 88 recomendaciones que propone para favorecer la paz en el estado Rakhine, en el oeste del país, y el desarrollo de esta conflictiva región.

El documento, que en sus 63 páginas evita la palabra rohinyá para designar a esta minoría, identifica la condición apátrida de este colectivo y la “profunda discriminación” que padece como la causa de una crisis en los derechos humanos en Rakhine.

La comisión recomendó acelerar el proceso de verificación de la ciudadanía, garantizar plenos derechos a los que ya hayan sido reconocidos y considerar la concesión de la nacionalidad por naturalización.

También aconsejó promover la representación y la participación de todos los grupos étnicos, y el diálogo entre comunidades; resolver la situación de los desplazados por la violencia, y evitar una respuesta “puramente de seguridad” ante las tensiones entre la mayoría budista y la minoría musulmana.

Otras propuestas están dirigidas a mejorar la situación social y económica en Rakhine e incluyen que se garanticen compensaciones adecuadas ante expropiaciones de tierras y que los beneficios de la explotación de recursos naturales alcancen a las comunidades locales.

Finalmente, los nueve miembros de la comisión propusieron crear un cargo con rango ministerial dedicado en exclusiva a la coordinación e implementación de las recomendaciones en Rakhine.

“A menos que haya pronto una acción concertada, liderada por el gobierno con la ayuda de todos los sectores de la sociedad, nos arriesgamos a un regreso del ciclo de la violencia y la radicalización”, dijo Kofi Annan en un comunicado.

“Si se adoptan e implementan con el espíritu con el que han sido concebidas, creo firmemente que nuestras recomendaciones pueden trazar el camino hacia una paz duradera, el desarrollo y el respeto a la ley en Rakhine”, añadió.

La comisión ha realizado un millar de entrevistas y varias visitas sobre el terreno desde que hace un año recibió el encargo del gobierno birmano.

La elaboración del documento, precedido por un informe provisional que en marzo urgía al gobierno a tomar “acciones inmediatas” para sofocar la violencia, se vio alterada por un asalto armado en octubre pasado atribuido a rebeldes rohinyá.

La acción, en la que murieron nueve policías, fue seguida de una operación militar que llevó a al menos 74.000 rohinyás a huir a Bangladesh y a varias organizaciones a denunciar múltiples abusos contra la población civil, incluidos asesinatos, violaciones y quema de casas.

La campaña del Ejército agravó la situación de los rohinyá en Rakhine, donde vive más de un millón de personas de esta minoría, deteriorada desde el estallido de violencia con la mayoría budista de este estado a mediados de 2012.

Esa primera ola de violencia causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 rohinyás confinados en 67 campos de desplazados.

La organización “Fortify Rights” acusó a las autoridades birmanas de “esconderse” detrás de la Comisión “en lugar de afrontar las continuas atrocidades”, pero las instó a implementar las recomendaciones.

“La Comisión respondió con recomendaciones concretas para poner fin a las violaciones, y el gobierno debe actuar sin demora. Deben abordar urgentemente la realidad sobre el terreno”, dijo el director de esta organización, Matthew Smith, en un comunicado.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás -se niegan a denominarlos con este término-, les consideran inmigrantes bengalíes y les imponen múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.

Birmania, después de casi medio siglo sometida a los militares, estrenó el 30 de marzo de 2016 un gobierno democrático, el liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, quien en agosto del año pasado encargó a Annan la dirección de la comisión.

Suu Kyi ha recibido múltiples críticas por su posición ante la crisis en Rakhine, en la que ha evitado criticar las operaciones militares pese a las numerosas denuncias de abusos contra la población civil.

El Ejército, que dirigió la transición hacia una democracia parlamentaria, se reservó todas las competencias relacionadas con la seguridad, incluidos los ministerios de Defensa, Fronteras e Interior, además de concederse derecho a veto en el Parlamento.

Jordi Calvet