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Latinoamérica ratifica su compromiso con la mujer con un acuerdo regional

Latinoamérica ratifica su compromiso con la mujer con un acuerdo regional

EFE

Montevideo —

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Cerca de la totalidad de los países de Latinoamérica y el Caribe aprobaron hoy, en el marco de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer en la región, la llamada “Estrategia de Montevideo”, un documento que busca establecer las pautas para alcanzar la igualdad de género de cara al año 2030.

La última edición del foro, auspiciado por Naciones Unidas y que comenzó el pasado 25 de octubre, ha sido un lugar de encuentro y de debate para los 38 miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y para sendas organizaciones de la sociedad civil, así como para representantes de organismos internacionales.

La violencia machista ha sido el tema central del encuentro, justo cuando América Latina atraviesa un momento de recrudecimiento de los feminicidios, especialmente de mujeres jóvenes.

En este sentido, el nuevo documento, que fue presentado por el subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, José Luis Cancela, como una “apuesta política” para acabar con la discriminación y el maltrato.

La estrategia engloba todos los compromisos asumidos por los Gobiernos de la región desde la primera Conferencia (celebrada en 1977) hasta hoy.

Con la iniciativa, según explicó en el acto de clausura del encuentro la ministra de Desarrollo Social de Uruguay, Marina Arismedi, se busca “seguir avanzando en un camino que otras abrieron”.

“Un camino que tenemos el derecho y la obligación de mantener vivo y avanzar, y no permitir que se retroceda ni un ápice en todo lo que hemos logrado conquistar en estos años”, proclamó.

El documento ratificado en Montevideo contiene un total de 74 medidas, estructuradas en 10 ejes, que pasan por un marco normativo, que relacione la igualdad y el Estado de derecho; por la institucionalidad, con políticas multidimensionales e integrales de igualdad de género, y la participación popular y ciudadana, con la democratización de la política y las sociedades.

También hace referencia a la construcción y fortalecimiento de las capacidades estatales, con una gestión pública basada en la igualdad y la no discriminación; el financiamiento, para la movilización de recursos suficientes y sostenibles para la igualdad de género, y la comunicación, para el acceso a la información y el cambio cultural.

Asimismo menciona la tecnología para avanzar hacia un gobierno electrónico y economías innovadoras e inclusivas; la cooperación, hacia una gobernanza multilateral democrática, y los sistemas de información para transformar datos en información, información en conocimiento y conocimiento en decisión política.

Por último, el documento acota el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas como garantía de derechos y transparencia.

En un comunicado, los países participantes señalan que es necesario superar “los nudos estructurales constitutivos de las actuales relaciones desiguales de poder en América Latina y el Caribe” y que se servirán de este documento para “erosionar” dichos nudos.

Y es que, como se indica por parte de los firmantes, problemas como la desigualdad económica y la persistencia de la pobreza, los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos o el predominio de la cultura del privilegio, tienen que acabarse en la región.

“Es urgente lograr cambios estructurales y modificar los paradigmas para romper con los patrones patriarcales y discriminatorios”, incidió Cancela.

La fecha de igualdad para 2030 viene fijada por los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en la agenda marcada por la ONU para el milenio.

Una agenda que se ha querido complementar y reforzar desde la región.

“Nos importa la gobernanza y nuestro propio camino”, señaló también en el acto de clausura la directora de asuntos de género de la CEPAL, María Nieves Rico.

Añadió que “es una sinergia entre nuestra agenda y la de los objetivos de desarrollo sostenible, pero otorgándoles la mirada y el enfoques que nos parecen más oportunos desde aquí”.

Así, la Estrategia de Montevideo se convierte, según Rico, en una “apuesta” por la capacidad de los gobiernos de la región para adaptar acuerdos de corte regional a cada país.

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