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El Likud considera el informe del interventor una "campaña" contra Netanyahu

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El interventor ve posible delito de Netanyahu en la gestión de la residencia oficial

El interventor ve posible delito de Netanyahu en la gestión de la residencia oficial

El partido Likud, que preside Benjamín Netanyahu, consideró que el informe difundido hoy por el interventor del Estado israelí sobre los gastos en la residencia oficial del primer ministro forma parte de una "campaña" de los medios de comunicación para derrocarlo.

"Desgraciadamente, la campaña de comunicación estas últimas semanas alrededor del informe es un claro intento de hacer caer al primer ministro y al Gobierno del Likud", dijeron fuentes del partido gobernante citadas hoy por medios como los diarios "Yediot Aharonot" y "Haáretz".

Netanyahu, que es acusado en el informe de "despilfarro" de dinero público y de haber incurrido en un posible delito de apropiación indebida, no ha reaccionado en persona a las acusaciones pero sí lo han hecho su partido y sus abogados.

El Likud sostiene que una gran parte de las irregularidades mencionadas en el informe del interventor Yosef Shapira fueron corregidas en los dos últimos años y que esta "campaña" antes de las elecciones del 17 de marzo "trata de desviar el debate de los asuntos importantes".

"¿Quién defenderá al Estado de Israel frente a las titánicas amenazas a su seguridad y las presiones internacionales, Netanyahu o Tzipi y Buyi?", se preguntaron las fuentes, aludiendo a los dos dirigentes de la oposición, Tzipi Livni e Isaac Herzog, que concurren juntos a los comicios para tratar de arrebatarle la jefatura del Gobierno israelí.

En una rueda de prensa en Tel Aviv, el abogado privado de la familia Netanyahu, David Shomrón, afirmó que el interventor reconoce que los gastos han disminuido a partir de 2013 y aparentemente también en 2014.

Y pidió tener en cuenta que "no se trata de una casa privada sino de una residencia oficial en la que se celebran reuniones de trabajo y ceremonias oficiales como en la Presidencia", que según el informe del interventor también elevó sus gastos durante la gestión de Simón Peres, entre 2007 y 2014.

Otro de los abogados, Yaacov Borowsky, negó que se haya incurrido en ningún delito penal -como cree el interventor- y dijo que el informe de Shapira no tiene relevancia para el primer ministro.

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