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El juez decano de Madrid advierte de que limitar el plazo de instrucción puede conllevar impunidad

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El juez decano de Madrid advierte de que limitar el plazo de instrucción puede conllevar impunidad

El juez decano de Madrid advierte de que limitar el plazo de instrucción puede conllevar impunidad

El juez decano de Madrid, Antonio Viejo Llorente, está "radicalmente en contra" de limitar el plazo de instrucción en asuntos de gran relevancia social como los de corrupción, ya que supondría abrir una puerta a la impunidad, y tampoco es partidario de instaurar la prisión permanente revisable.

Viejo se ha referido así, en una entrevista con Efe, a dos cuestiones de actualidad que ahora valora como juez decano de Madrid, cargo que desempeña desde principios del mes de julio de 2014, cuando relevó al veterano en el puesto José Luis González Armengol.

Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el decano de Madrid considera "magnífico" que incluya "una regulación muy detallada de las medidas de injerencia que se puedan adoptar en las investigaciones".

Pero no está de acuerdo con la limitación del tiempo de instrucción judicial hasta un plazo máximo de seis meses para las causas ordinarias y dieciocho meses, prorrogables, para las complejas.

Argumenta que la mayoría de los casos se instruyen en los plazos que dice el anteproyecto de la LECrim, mientras que en los asuntos "de gran relevancia y trascendencia social", como los de corrupción, que implican la petición de comisiones rogatorias al extranjero y otros largos trámites, limitar el plazo "podría ser una puerta abierta a la impunidad".

Por eso se muestra "radicalmente en contra" de esta posibilidad.

En cuanto a la opción de llevar a cabo determinadas escuchas telefónicas sin autorización judicial previa, el decano de Madrid comparte la postura del Consejo General del Poder Judicial de que tienen difícil encaje en la Constitución.

Más contundente es con la posibilidad de que la reforma del Código Penal incluya la prisión permanente revisable, ya que en su opinión no tiene que haber penas más largas, sino que hay que hacer cumplir las ya existentes.

Considera que la solución no es estar más tiempo en prisión, sino pensar en el principio de reinserción social de las penas privativas de libertad.

Tampoco es de su agrado la actual ley de tasas judiciales, aprobada por Alberto Ruiz-Gallardón y cuya modificación considera necesaria porque "las tasas no se pueden erigir en un obstáculo absoluto en el acceso a la Justicia, de manera que determinadas personas queden totalmente imposibilitadas de acceder por el coste de las tasas".

Antonio Viejo Llorente lleva siete meses en el cargo, un tiempo que considera suficiente para "tener una adecuada toma de contacto con la complejidad de una función en un partido judicial que es el mayor de toda España, con el mayor número de organismos judiciales y que tiene muchos problemas", como la dispersión de sedes o la insuficiencia de jueces.

Por eso cuando aterrizó en el Decanato reclamó "dotaciones adecuadas" para la Administración de Justicia, y recientemente ha sido uno de los veintiún jueces decanos de la región que pidieron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se revise la seguridad y la salubridad en las sedes judiciales y que se cubran las plazas de funcionarios.

En este sentido confía en que la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia en 2019 mejore la situación, pero advierte de que ese proyecto futuro "no puede convertirse en un obstáculo" para atender las necesidades actuales.

Lo que más le preocupa a Viejo ahora es el vacío que dejó la reforma de la ley del Poder Judicial, que suprimió unos 1.200 ó 1.300 interinos, lo que exige un esfuerzo de los jueces en servicio para que no se paralice el servicio al ciudadano.

Desde que llegó al cargo se ha enfrentado a casos espinosos, como el del presunto pederasta de Ciudad Lineal, cuyo tratamiento informativo por algunos medios provocó que los jueces de instrucción expresasen su malestar por el hecho de que se publicasen detalles cuando había secreto de sumario.

"Hay determinadas actuaciones en que la libertad de información debe tener deber tener una cierta contención para dar la información en otros momentos o ver cómo se tiene que transmitir esa información", sostiene.

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