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Mantienen las peticiones de pena para los encausados en el juicio del Códice

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Mantienen las peticiones de pena para los encausados en el juicio del Códice

Mantienen las peticiones de pena para los encausados en el juicio del Códice

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, que ejerce la Iglesia, han mantenido hoy en la última sesión de la vista oral en la que se juzgó el robo del Códice Calixtino las mismas peticiones de pena para el electricista, al que se acusa de sustraerlo, así como para su mujer y el hijo de ambos.

El fiscal Antonio Roma reclama para Manuel Fernández Castiñeiras 15 años de cárcel, que la Iglesia mantiene en 31. Para la mujer del electricista, Remedios Nieto, y para el hijo de ambos, Jesús Fernández Nieto, el Ministerio Fiscal limita su petición de pena a un año y medio de prisión para cada uno por blanqueo de capitales y prevé una alternativa de seis meses por los delitos de receptación.

Antonio Roma ha señalado hoy que da credibilidad a Remedios y a Jesús, incluso a que tenían miedo de Manolo, como se le conoce en su círculo íntimo, pero también ha dicho que ambos participaron en una compra inmobiliaria ejecutada sin que hubiese "ingreso aparente" que permitiese tal aventura.

De Fernández Castiñeiras ha apuntado que es alguien "que disfruta contando dinero" y al que poco le importa que su esposa trabaje como modista durante horas o que su vástago tenga temor a pedirle dinero.

Con tal exposición, el fiscal ha elevado a definitivas sus peticiones iniciales, puesto que ha considerado probado que Castiñeiras cometió dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos continuado; otro contra la intimidad, y uno más de blanqueo de capitales.

Roma ha hecho especial hincapié en el robo del libro, "el delito más importante", para el cual el Ministerio Fiscal mantiene la pena "más grave que se le debe imputar", dado el valor "incalculable" de esta joya literaria para la sociedad.

El abogado del cabildo catedralicio, José Antonio Montero, ha interpretado, y así lo ha expresado en esta última sesión, que hubo un "abuso de confianza" por parte del electricista, que se hizo de manera ilegítima con varias llaves.

Ha descartado en las conclusiones finales que el robo del Códice Calixtino se produjese por un "descuido" en el que se dejó la puerta abierta, puesto que tal acción se ideó con "ánimo de vengarse" del anterior deán de la Catedral de Santiago, José María Díaz.

Además, el letrado ha subrayado que la Catedral no debe ser enjuiciada por la falta de seguridad puesto que en esta causa es la gran "víctima", y en esa línea ha asegurado que Castiñeiras conocía que la Catedral no denunciaría las faltas de dinero debido a que entre sus valores predomina el "perdón", aunque ha diferenciado entre el perdón moral y el jurídico.

La acusación particular ha mantenido también la petición de penas para la mujer y el hijo de Castiñeiras, ya que "no se puede entender que tuviesen ese desconocimiento".

Así, ha manifestado Montero que ante las compras de inmuebles, en metálico, debían sospechar del origen del dinero, ya que el matrimonio mantenía vida de "casi jubilados".

También ha insistido en que dirimir esto será una "labor difícil para el tribunal", pero ha advertido de que "no podemos presumir a infantas, políticos y banqueros" algo distinto que a los demás.

Ambas acusaciones, la particular y la del Ministerio Público, han restado validez al posible síndrome obsesivo compulsivo de tipo acumulador que señalaba la prueba psicológica realizada al acusado del robo por un perito de parte.

Y la abogada que se ocupa de la defensa de la familia compuesta por Manuel, Remedios y Jesús, la letrada Carmen Ventoso, ha vuelto a incidir en la nulidad de las actuaciones practicadas, cuestionando de nuevo la instrucción al asegurar que todas las actuaciones del proceso son "nulas" porque "derivan de la repercusión de la prueba de sonorización" de la casa familiar, que fue anulada, por lo que, en base a esta criterio, se anularía todo.

La letrada ha retomado todas las peticiones que hizo cuando se dilucidaron las cuestiones previas, reclamando la anulación de las diligencias practicadas en la instrucción.

Sobre la vista oral ha reiterado que testigos de la Catedral, como el administrador Manuel Iglesias, o el jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico, Antonio Tenorio, incurrieron en "contradicciones" en sus respectivas declaraciones, por lo que ha puesto en duda la veracidad de las pruebas testificales.

En cuanto al dinero incautado, la letrada ha sostenido que provenía del trabajo de Fernández Castiñeiras, algo que considera que ha quedado "probado", ya que no existe "ningún otro informe pericial" que diga que no podían proceder estas mayúsculas sumas de dinero de los ingresos laborales de su cliente.

Igualmente, Ventoso ha tildado de "surrealista" la acusación de blanqueo a la mujer e hijo, dado que "nunca la entendimos y no la vamos a entender ahora".

La joya literaria que figura en el epicentro de este caso, que ha quedado visto para sentencia, desapareció en julio de 2011 y se encontró un año después en un garaje propiedad del operario que se ha sentado en el banquillo, envuelta entre papeles de periódicos que evitaron que se dañase.

Cuando se produjo este hallazgo, el propio Manuel Fernández Castiñeiras se identificó como el responsable del rocambolesco saqueo ante el juez instructor, José Antonio Vázquez Taín, pero en la segunda sesión de este largo juicio, el pasado 20 de enero, de lo confesado se desdijo, y contó que no sabe lo que entonces explicó porque estaba "coaccionado" por el magistrado.

El ex electricista de la Catedral deberá volver a sentarse en el banquillo el próximo jueves 12 para responder por 162 delitos contra la intimidad debidos al robo de correspondencia a sus vecinos, hecho que ya debía haber sido juzgado, pero que se aplazó por un ingreso médico del imputado.

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