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Manuel Chaves asegura que en "ningún momento" su Gobierno avaló o aprobó alguna medida "irregular o ilegal"

Defiende la "legalidad" del procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales y afirma que nunca se reunió a solas con Guerrero

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Manuel Chaves asegura que en "ningún momento" su Gobierno avaló o aprobó alguna medida "irregular o ilegal"

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha querido dejar claro que, "en ningún momento", el Gobierno que presidió durante casi 20 años "conoció, informó, avaló o aprobó medida alguna irregular o medida o acto ilegal" en relación con la política de ayudas sociolaborales, apuntando que las medidas que se aprobaron llegaron siempre "con todos los informes y requisitos necesarios" que marcan las leyes. Se ha mostrado seguro de que ello también ha sido así con el actual Ejecutivo de José Antonio Griñán.

Durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación sobre irregularidades en los expedientes de regulación de empleo del Parlamento, Chaves ha manifestado que siente "el mismo dolor" que han podido sentir la mayoría de los andaluces ante el hecho de que, en la ejecución del programa 31L (ayudas sociolaborales), haya existido presuntamente una "utilización abusiva" del procedimiento, un "abuso de confianza", y "actos contrarios al derecho" y "punibles".

Ha manifestado que el programa 31L, al estar incluido en los sucesivos presupuestos de la comunidad, contaba con el visto bueno tanto del Consejo de Gobierno, con todos los requisitos e informes exigidos por la legislación como, con posterioridad, del Parlamento, que daba el visto a las cuentas de la comunidad. A su juicio, calificar ese programa de opaco o de "fondo de reptiles" es una "desmesura y una falsedad", así como una "descalificación intolerable" que solo puede derivar de una "mente perversa".

Ha señalado que la posterior ejecución y los actos de desarrollo del procedimiento del programa y las iniciativas correspondientes no tenían por qué ser conocidos ni por el presidente ni por el Consejo de Gobierno, sino que correspondía a la consejería competente, en este caso, la de Empleo. "El Gobierno, como no podía ser de otra manera, no tenía por qué conocer la gestión del día a día de las distintas consejerías u organismos de la Junta", ha afirmado.

Manuel Chaves, que ha indicado que le repugna la corrupción" y siempre debe ser combatida contundentemente por todos los partidos porque afecta a la credibilidad de los políticos, ha defendido la política sociolaboral desarrollada por su Gobierno y ha manifestado que, en modo alguno, unos hechos "aislados" pueden restar valor a ese esfuerzo por mantener puestos de trabajo y ayudar a empresas en crisis en la comunidad.

Ha recalcado que el procedimiento para la concesión de ayudas sociolaborales (a través del convenio marco entre la Consejería de Empleo y el antiguo IFA) era legal y que, en modo alguno, se puede decir que favorecía "actos corruptos". "No se puede establecer una relación causa-efecto entre el procedimiento, que era legal, y actos abusivos", ha sentenciado Chaves, quien ha precisado que el convenio marco, que era legal, no pasó por Consejo de Gobierno porque no tenía por qué pasar.

UN PROCEDIMIENTO MÁS CONCRETO Y MENOS DISCRECIONAL

"Si a partir de ahí, algunos utilizaron abusivamente ese procedimiento, menoscabaron fondos públicos y se enriquecieron, que la justicia caiga sobre ellos y que lo paguen", según Chaves, quien ha admitido que si bien el procedimiento podía haber sido "más concreto y menos discrecional", sin duda, era legal y así lo puso de manifiesto la Intervención General de la Junta. En cualquier caso, ha apuntado que la discrecionalidad no es incompatible con la legalidad.

Asimismo, ha querido dejar claro que la Cámara de Cuentas, en los informes de fiscalización que emitió durante los diez años, "en ningún momento, certificó ninguna ilegalidad ni menoscabo de fondos públicos ni fraude de ley". Ha apuntado que en el supuesto de que el citado órgano hubiera certificado "ilegalidad, es el propio Parlamento el que tendría que haber actuado".

Chaves también ha asegurado que nunca dio una "instrucción, consigna o directriz" a un consejero, viceconsejero o director general para que diera "esta o aquella subvención o ayuda". Ha asegurado que nunca mantuvo una reunión con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y ha señalado, en referencia a Antonio Fernández --imputado en la causa judicial--, que confió plenamente en él como su consejero de Empleo y que lo sigue haciendo, apuntando que, mientras no se demuestre lo contrario, es "inocente, presuntamente inocente".

Según Chaves, "los errores, las irregularidades y los fraudes no pueden ser utilizados para descalificar a toda una administración y a sus profesionales ni para dañar injustamente a la imagen de Andalucía, lo que es populismo e injusto". Ha admitido que ha cometido "errores" a lo largo su vida política, pero actuando siempre conforme a la ley, y contando con una administración que ha actuado dentro del marco de la legalidad. Ha recordado además que durante su etapa como presidente, ningún miembro de su Gobierno ha sido procesado ni condenado.

Por su parte, el portavoz del grupo popular, Carlos Rojas, ha preguntado a Chaves si se sentía responsable de todas las actuaciones llevadas a cabo en su Gobierno, a lo que el expresidente ha respondido que solo se siente responsable políticamente de una decisión, la de poner en marcha una política concreta para salvar puestos de trabajo y empresas en crisis.

Rojas ha trasladado a Chaves que el procedimiento de ayudas que él está defendiendo este martes en la comisión fue objeto de un informe por parte de funcionarios de la Junta durante su mandato en el que se ponía de manifiesto que el "procedimiento era claramente irregular y que se estaban concediendo ayudas sin ningún tipo de control". Chaves ha replicado a Rojas que él no está incurso en ninguna responsabilidad penal y ni lo va "a estar".

El portavoz popular ha preguntado a Chaves además si se reunió con Guerrero y el expresidente ha asegurado que jamás se reunió a solas con un director general, un viceconsejero u otro alto cargo de la Junta, apuntando que solo se reunía a solas con consejeros para despachar. "Si Guerrero, en alguna reunión colectiva, acompañando al consejero, ha estado conmigo, es posible, no lo recuerdo, pero si ha dicho que se ha reunido a solas conmigo, está mintiendo", ha sentenciado. Ha apuntado que tampoco cree que se haya reunido con Guerrero el que fuera su consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías.

Manuel Chaves ha aprovechado para denunciar la estrategia del PP-A de pretender dar una imagen de "corrupción generalizada para tratar de dañar la imagen de Andalucía partiendo de casos concretos y abrir una causa general", algo que, a su juicio, se debe a que cuesta mucho 30 años sin ganar unas elecciones.

A preguntas de la diputada de IULV-CA Alba Doblas, Chaves ha asegurado que la principal "fuente de información" que ha tenido sobre las irregularidades que hayan podido cometerse con las ayudas sociolaborales ha sido "la prensa" y las sesiones de esta comisión de investigación, aunque también ha mantenido "conversaciones informales de café" con algunos de los que fueron sus colaboradores.

Así, el expresidente de la Junta ha negado que haya sido llamado a ninguna reunión formal convocada por el PSOE o la Junta para "recibir directrices" sobre lo que tenía que decir en esta comisión de investigación, afirmando que siempre ha tenido "libertad de pensamiento". Doblas ha acusado al Gobierno andaluz de hacer "trampas" con las ayudas que tenían que pasar por el Consejo de Gobierno, aquellas que superaran el 1,2 millón de euros. Chaves ha respondido que confía plenamente en sus consejeros y que hicieron siempre "lo debido, conforme a la ley".

Los representantes del grupo socialista en la comisión rehusaron hacer preguntas a Chaves, quien en su último turno de intervención ha deseado aciertos a la comisión y que sus miembros hagan política con mayúsculas.

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