La operación contra Ignacio González abrasa al nuevo fiscal jefe Anticorrupción
El primer gran sumario que estalla tras la reorganización de la cúpula de la Fiscalía el pasado febrero deja en una situación muy delicada al responsable de coordinar la lucha contra la corrupción, Manuel Moix. El martes, todos sus subordinados a excepción de uno invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal para desatender una instrucción que pretendía paralizar uno de los registros del caso Lezo.
En el sumario también figuran conversaciones telefónicas del expresidente madrileño, Ignacio González, quien sin saber que estaba siendo grabado celebró el nombramiento de Moix, antes de que se produjese, como una forma de resolver sus problemas judiciales en una charla con el exministro y dirigente del PP Eduardo Zaplana.
El levantamiento del secreto del sumario es cuestión no de pocas semanas, sino de días, según fuentes próximas a la investigación, que adelantan su contenido “explosivo” de los pinchazos, incluidas las referencias a Moix.
Este jueves, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han solicitado la comparecencia de Moix en el Congreso de los Diputados, así como la del fiscal general del Estado. La presidenta andaluza y candidata a secretaria general del PSOE, Susana Díaz, ha afirmado: “El fiscal jefe de Anticorrupción no puede seguir ni un día más al frente de su cargo”.
“Diferencias técnico-jurídicas” es el término elegido por la Fiscalía General del Estado en una nota a los medios para calificar el enfrentamiento del pasado martes entre el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y la práctica totalidad de sus subordinados.
Esas “diferencias técnico-jurídicas” motivaron que los fiscales del caso acudieran al Estatuto del Fiscal para convocar la reunión, algo que no ocurrió en todo el mandato de Antonio Salinas, antecesor de Moix. El actual jefe de Anticorrupción apenas lleva dos meses en el cargo, al que accedió superando a otros seis aspirantes que, a diferencia de él, pasaron o continúan aún en la fiscalía especializada.
La desconfianza de los fiscales Anticorrupción hacia un fiscal considerado “cómodo” para el Gobierno del PP se materializó en la oposición al criterio de Moix, quien terminó cediendo al de sus subordinados, a pesar de que podía haber impuesto el suyo. Finalmente, el registro de la discordia, en la filial Inassa, encargada de los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica, se incorporó a la explotación de la Operación Lezo. El responsable de Inassa hasta la llegada de Cifuentes a la Puerta del Sol, Edmundo Rodríguez Sobrino, está en el epicentro de la trama investigada.
La historia detrás del registro de Inassa se remonta meses atrás. La Operación Lezo era instruida por el juez Alejandro Abascal, de refuerzo temporal en el juzgado de Eloy Velasco y considerado por el sector progresista de la judicatura como muy próximo al PP. Abascal, en contra del criterio de los fiscales, ordenó desgajar en una pieza separada la investigación referente a un desvío de fondos en 2001 a través de Inassa en Colombia. Los fiscales Carlos Yáñez y Gemma García recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que les dio la razón. En aquel entonces Moix no era todavía fiscal jefe Anticorrupción.
A la reunión del martes, Moix llegó con cuatro puntos que pretendía fueran asumidos por sus subordinados, pero las fuentes consultadas aseguran que las discusión se centró en el registro de Inassa. La importancia de esa vía de la investigación radica en que si no se tira de ese hilo en esta causa, la gestión de Alberto Ruiz Gallardón al frente del Canal de Isabel II queda fuera de una investigación que, entre los delitos atribuidos a los imputados, incluye el de organización criminal. En aquella época se decidió comprar el 75% de Inassa y que comenzara la etapa de la empresa pública de aguas madrileña en Latinoamérica.
Sin “organización criminal”
Apartar el tipo delictivo de la “organización criminal” es otra de las aspiraciones de Moix. Los fiscales del caso aceptaron no acusar por ese delito hasta que al menos se haya analizado la documentación incautada en los registros, como les pidió el fiscal, con tal de seguir adelante con Inassa.
Se da la circunstancia que el delito de organización criminal, aseguran fuentes de la investigación, está en la querella de Anticorrupción que originó el caso en octubre de 2015, y Velasco y los fiscales han trabajado con ese argumento todo este tiempo.
Gracias a la presión de Moix se reducen las posibilidades de que González vaya a la cárcel por integrar una organización criminal. El juez Velasco puede acordarlo así, pero sin que Anticorrupción lo haya solicitado antes.
Durante su defensa del registro de Inassa, los fiscales del caso aludieron al poder que sobre los ámbitos judicial y político tienen algunos de los investigados. Esa influencia queda de manifiesto en una intervención telefónica en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González anuncia el mismo nombramiento de Moix a Eduardo Zaplana meses antes de que el fiscal general, José Manuel Maza, lo designara para Anticorrupción con el apoyo de los miembros del Consejo Fiscal de la asociación conservadora.
En esa conversación, González alude a la afinidad política de Moix con el PP y asegura que ya intentó ubicarlo en la jefatura de Anticorrupción para tratar de resolver sus problemas judiciales relacionados con el caso del famoso ático a principios de 2014, cuando Salinas fue finalmente renovado.
El escándalo que provocó esa charla incorporada a un sumario secreto llevó a la Unión Progresista de Fiscales a alertar al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para frenar la designación de Moix. Finalmente, resultó el elegido en febrero.
La actuación de Moix con Rodrigo Rato
El de Lezo no es el primer episodio de corrupción en el que Moix dicta órdenes controvertidas. En abril de 2015 cuando el expresidente del FMI, Rodrigo Rato, fue detenido durante los registros en su domicilio particular y en su despacho en el centro de Madrid, Moix, entonces fiscal jefe de Madrid, ordenó al fiscal del caso, Carlos García-Berro, dejar en libertad al exministro, antes incluso de que los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera rematasen las inspecciones. Aquella instrucción de Moix causó un enorme malestar entre los fiscales, que consideraban inaudito ese mandato.
En el historial de Moix está también la huida de Esperanza Aguirre de los agentes de movilidad en Gran Vía, que querían multarla por estacionar sin permiso. Frente al criterio de los jueces y las acusaciones, Moix se negó a acusarla de un delito de desobediencia civil y redujo el incidente a una falta sin trascendencia penal.
Algunas de sus actuaciones más relevantes estuvieron vinculadas a los últimos responsables de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Su Fiscalía presentó una denuncia contra el juez Elpidio Silva, que envió a Blesa a prisión, por prevaricación y por un “retardo malicioso” en el proceso. Moix le acusó de “anteponer su voluntad al derecho” en el proceso que acabó con una inhabilitación de 17 años para Silva, que ahora ejerce como abogado.
Moix también intervino cuando eldiario.es publicó los correos que se intercambiaban los directivos de Caja Madrid, y que desvelaron la existencia de unas tarjetas opacas con las que los consejeros aumentaban su ya abultada remuneración. El nuevo jefe de Anticorrupción aseguró que los emails fueron “ilícitamente obtenidos” por lo que su “mera difusión” podría tener encaje penal.
