Maroto denuncia que los abusos en las ayudas sociales son mayores en Euskadi

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha denunciado hoy que los abusos y el fraude en el cobro de ayudas sociales “se produce especialmente” en Euskadi porque esta comunidad cuenta con un sistema diferente y con unas tablas de prestaciones superiores a las de otras autonomías.

En julio Maroto afirmó que en Vitoria muchos magrebíes viven de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar, lo que le llevó la semana pasada a declarar ante el fiscal superior del País Vasco tras una denuncia presentada por SOS Racismo por incitación al odio y contra los derechos de los extranjeros.

Desde verano el regidor popular ha abanderado una propuesta para reformar en el Parlamento Vasco la ley que regula la renta de garantía de ingresos (RGI) y endurecer los requisitos de acceso al sistema, aunque finalmente será una plataforma ciudadana la que presente la idea en forma de iniciativa legislativa popular.

En Euskadi la cuantía media de la RGI es de 584 euros pero la cifra varía en función del tamaño de la familia. Así, se concede un máximo de 612 euros para un miembro, 719 para dos y 875 euros a partir de tres (920 euros si es monoparental). A estas cantidades se le puede añadir un máximo de 250 euros en concepto de prestación complementaria de vivienda para el pago derivado de alquileres.

En una entrevista con Efe, el alcalde vitoriano ha explicado hoy que el sistema de protección de protección social vasco es “muy parecido al escandinavo en las cantidades”, pero está “completamente alejado de la realidad en cuando a los criterios de acceso”.

En su opinión, la normativa vasca “permite” que haya abusos y por ello es necesario “depurar el sistema y perfeccionar la norma” para detectar el fraude y destinar esa “bolsa de decenas de millones” de euros a que las ayudas lleguen “a los que realmente lo necesitan”.

Maroto ha recalcado que su propuesta no pretende “quitar la RGI ni recortar derechos” sino “dejar fuera del sistema al que abuse, tenga ocho apellidos vascos o haya nacido en otro país -ha dicho-”, e incorporar a “nuevos perceptores” a los que “ahora no llega la ayuda por esos fraudes”.

“Mi propuesta no tiene ni una gota de racismo ni xenofobia. Solo pretendo dejar fuera a quien se está riendo del sistema”, ha expuesto Maroto, al tiempo que ha añadido que “a los parlamentos sueco, danés y noruego nadie les llama racistas cuando conservadores y socialdemócratas votan juntos que las ayudas sean para personas en situación regular y con residencia efectiva” en el país.

En Euskadi sin embargo el resto de formaciones políticas “se han puesto una venda en los ojos” en este tema.

A pesar de ello ha considerado que PNV, EH Bildu, PSE y UPyD “no van a tener arrojos a decirle 'no y punto' a una plataforma ciudadana con 30.000 firmas”, que son las necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular en la Cámara de Vitoria.

Ha rechazado que su cruzada para cambiar la RGI sea una “ocurrencia” que busque votos en las elecciones municipales del año que viene porque, según ha asegurado, desde que accedió al cargo “ha tomado medidas” para atajar el fraude en las ayudas sociales municipales, referidas principalmente a la alimentación.

También se ha referido al incidente ocurrido la semana pasada en un autobús urbano en Vitoria cuando un conductor denegó el acceso a una mujer vestida con burka. Sobre este asunto el alcalde popular ha pedido que no se “criminalice” a este trabajador.

Se ha mostrado partidario además de “adaptar la normativa” para que, “como ocurre en el resto de Europa”, cuando una persona se dirige a la administración o solicita un servicio público pueda ser identificada de forma inequívoca.

“Es algo absolutamente razonable y no solo por motivos de seguridad”, ha señalado Maroto, que ha subrayado que “no es lo mismo un pañuelo musulmán, un sombrero o una boina, que un burka que directamente no deja ver quién está detrás”.