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Maza visita Anticorrupción en plena polémica por la operación Lezo y el relevo de los fiscales del 3%

Los fiscales especiales fueron avisados de que el fiscal general cumple con un encuentro protocolario pendiente desde que tomó posesión en noviembre

Se organiza tras trascender el choque de los fiscales con su jefe Moix por los límites al caso de corrupción en el Canal y la sustitución de Grinda y Bermejo 

La orden de no acusar al expresidente de Murcia en el caso Púnica provocó el primer desencuentro entre Maza y sus subordinados de Anticorrupción 

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Maza propone relevar al fiscal de Murcia que investiga a Pedro A. Sánchez

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, conversa con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza EFE

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tiene previsto visitar este lunes la sede de la Fiscalía Anticorrupción. La reunión con los fiscales especializados se produce en plena polémica por las discrepancias entre éstos y su nuevo jefe, Manuel Moix, a cuenta de la Operación Lezo, la investigación que ha llevado a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y ha destapado una nueva presunta vía de financiación del PP madrileño. Hace tres días se conoció que el propio  Maza,  de acuerdo con Moix, ha relevado a los dos fiscales del caso 3%.

Los fiscales de Anticorrupción fueron informados de la visita después de ser adoptadas las decisiones que han provocado estas dos polémicas, informaron a eldiario.es fuentes del organismo. Se les comunicó que Maza quiere cumplir con una visita protocolaria que tiene pendiente desde que tomó posesión a finales de noviembre. Una fuente autorizada de la Fiscalía General del Estado se ha limitado a señalar que no consta una visita de Maza a Anticorrupción en la agenda oficial del responsable del Ministerio Público.

Entre los fiscales Anticorrupción ha causado sorpresa y malestar el relevo de José Grinda y Fernando Bermejo del caso de la presunta financiación irregular de la antigua CDC, conocido como 3%. Las razones esgrimidas por Moix son de una reestructuración y racionalización del trabajo que implica que los fiscales anticorrupción territoriales se encarguen de los casos locales.

Ese argumento tiene en contra el conocimiento del voluminoso sumario que atesoran los dos fiscales y los avances obtenidos en el descubrimiento de la financiación irregular del partido del Gobierno catalán. Se da la circunstancia de que uno de los fiscales relevados, Fernando Bermejo, catalán, comenzó la investigación del 3% desde la delegación de Anticorrupción en esa comunidad autónoma, causa en la que prosiguió tras su traslado a Madrid.

Ambos fiscales acusan a Germá Gordó de seis delitos, pero el político, muy próximo a Artur Mas, no pudo ser incluido en la última fase de registros y detenciones del caso del 3% porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideró que los indicios contra él no están suficientemente acreditados. El diario El Mundo ha publicado que la sustitución de Grinda y Bermejo es un gesto del Gobierno del PP para contentar a los nacionalistas catalanes dentro de una nueva estrategia frente al desafío separatista catalán.

La visita de Maza a Anticorrupción se produce tres días después del encarcelamiento de Ignacio González. La explotación de la Operación Lezo el miércoles estuvo precedida de un enfrentamiento inusual en la sede de la Fiscalía especial. Los dos fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, querían practicar un registro vinculado a Inassa, la sociedad a través de la cual el Canal de Isabel II opera en Latinoamérica. Ese registro, según fuentes próximas al caso, afecta de lleno a la gestión del Canal en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón. Pero su jefe, Manuel Moix, se opuso  alegando que desbordaba los límites de la investigación.

Los fiscales Yáñez y García invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal provocando una reunión de la junta de fiscales de Anticorrupción. Moix llegó a la misma con cuatro puntos a defender y cedió en cuanto al registro -hubiera podido imponerlo- después de que todos los fiscales Anticorrupción expusieran, a excepción de uno, un criterio contrario al de su jefe. Los límites temporales de la investigación al Canal ya fueron establecidos por la Audiencia Nacional cuando el anterior juez del caso, Alejandro Abascal, de refuerzo entonces en el Juzgado de Velasco, quiso abrir una pieza separada sobre la gestión de Ruiz-Gallardón. Los fiscales recurrieron y la Sala de lo Penal les dio la razón.

En la junta de fiscales del martes, García y Yáñez cedieron a la indicación de Moix de que no se acusara a González y los demás imputados de pertenencia a organización criminal, al menos de momento. De poco sirvió, ya que ese delito, incluido en la querella que dio origen al caso, es uno de los que figura en los autos dictados por el juez del caso, Eloy Velasco, después de tomar declaración a detenidos e imputados.

Tras las informaciones sobre el enfrentamiento en la junta de fiscales, la Fiscalía General del Estado hizo pública una nota en la que niega cualquier polémica y habla de “discrepancias técnico-jurídicas”. Una mayoría parlamentaria compuesta por PSOE, Podemos y Ciudadanos ha solicitado las comparecencias de Moix y Maza en el Congreso para que den explicaciones al respecto.

Moix se nombra portavoz ante los medios

La designación de Manuel Moix jefe de la Fiscalía Anticorrupción ya fue polémica. El fiscal general, elegido a su vez por el Gobierno del PP, impuso el nombre de Moix para un cargo al que aspiraban otros seis candidatos. A diferencia del elegido, sus contrincantes son miembros de la Fiscalía Anticorrupción o han pasado por ella. Moix acumula un número de decisiones como fiscal jefe de Madrid que le sitúan en la órbita del PP dentro del ámbito jurídico.

En un pinchazo telefónico de la Operación Lezo, el principal detenido, Ignacio González, confirma esa proximidad y alaba al fiscal jefe de Anticorrupción. Una de las primeras decisiones de Moix a nivel interno ha sido erigirse portavoz de la Fiscalía Anticorrupción con los medios prohibiendo expresamente a sus subordinados cualquier trato con los periodistas. 

Por otra parte, los encontronazos conocidos desde que Maza es fiscal general por casos que afectan al Partido Popular se remontan a antes incluso de que Manuel Moix llegara a Anticorrupción. La Fiscalía General del Estado impuso no acusar al ya dimitido expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica, como defendían las dos fiscales del caso que debía hacerse y respaldaba la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco propuso al tribunal competente, el Superior de Murcia, que abriera una investigación al político por corrupción.

Maza explicó entonces que los fiscales del Supremo rebatían el criterio de sus compañeras de Anticorrupción, argumento que utilizó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para atacar a las profesionales de Anticorrupción Carmen García -fiscal también del caso Lezo- y María Teresa Gálvez.

El caso se empañó aún más por la afirmación del investigado en una emisora acerca de que los fiscales del Supremo defendían no investigarle. Esa declaración se produjo antes de conocerse la discrepancia entre la Fiscalía General y las fiscales Anticorrupción y sin que hubiera sido posible que Sánchez accediera a la información a través del conducto legal porque no era parte personada en el caso. Por su parte, Maza sustituyó recientemente al fiscal anticorrupción de Murcia encargado del caso Auditorio, en el está presuntamente implicado Pedro Antonio Sánchez. 

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