Medio millar de muertos, hacinamiento y “pranes” en cárceles de Venezuela

Venezuela cerró 2013 con 506 presos muertos, una cifra que, si bien indica una bajada de 14 % con respecto a 2012, se mantiene alta, según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que advirtió hoy de un hacinamiento del 231 % y de la influencia de líderes presos o “pranes”.

La organización no gubernamental hizo público hoy su informe anual, en el que señala que hay 53.566 internos en los 51 centros de reclusión (incluyendo prisiones, retenes y comisarías) habilitados en el país, que están diseñados para albergar a 16.189 personas.

De ellos, solo el 29,89 % están condenados o tienen una sentencia definitiva.

El director del OVP, Humberto Prado, reclamó que el Ministerio para el Servicio Penitenciario, a cargo de Iris Varela, no ha atacado verdaderamente el retardo procesal desde su creación a mediados de 2011 por lo que el hacinamiento se incrementó en más de 20 % el año pasado, y tampoco ha desarmado a los líderes negativos.

El activista aseguró hoy que en las cárceles, pese a los anuncios hechos por la ministra acerca de la pacificación de los penales “hay pranes”.

“En las cárceles existe pena de muerte y si usted viola uno de los códigos que hay dentro de las cárceles que quienes los aplican son los pranes, simplemente te mueres y estos grupos existen por la complicidad con las autoridades del Estado”, denunció Prado.

Prado indicó que, durante 2013, 674 internos se cosieron la boca, mecanismo de protesta que usan los presos para que su solicitud de traslado a otro penal se concrete pues en la cárcel donde se encuentra “su vida corre peligro” por causa de esos liderazgos.

Además, el año pasado también hubo otras protestas entre las que figuran doce huelgas de hambre, tres secuestros a visitantes y cuatro a funcionarios, así como cinco huelgas de sangre, que consisten en cortes en piernas y brazos para que los directivos de la prisión se vean obligados a trasladar a los heridos a centros de salud.

Las enfermedades se cobraron la vida, asimismo, de diez reclusos, ocho de ellos víctimas de sida y dos por tuberculosis.

“Un preso, cuando entra a prisión, tiene hasta el 43 % más de probabilidades de morir que en la calle y resulta que el preso está entre cuatro paredes bajo la custodia de la Guardia Nacional”, comentó el activista.

El número de fugados se incrementó en 11,87 % en 2013 con respecto al año pasado, según el OVP, que registró 219 evadidos, 93 de los cuales se fueron de penales, 80 de comisarías, 30 de destacamentos de trabajo, 15 de hospitales y uno del llamado “régimen abierto”.

El Gobierno ha asegurado en repetidas ocasiones que el de las cárceles es uno de los principales problemas heredados de los Gobiernos previos a la llegada de Chávez al poder en 1999.

El propio Chávez llegó a tildar el problema carcelario de “cáncer” y creó un ministerio específico, además de dotarlo de fondos sin que hasta el momento se haya encontrado una solución definitiva al problema.

Varela, que recientemente reconoció que en los penales hay discotecas, ha insistido en dar respuesta al retraso judicial y la descongestión de los centros de detención.

Prado subrayó que desde 1999 hasta 2013, cuando falleció Chávez, han muerto 6.163 internos y 16.208 han resultado heridos.

A juicio del activista, un camino a la solución de la crisis carcelaria en el país es entregar la administración de las cárceles a los gobiernos regionales para descentralizar el problema.

“Es menos probable que se equivoquen 23 gobernadores que un solo gobierno”, dijo al tiempo que señaló que el OVP presentará próximamente un “maletín de soluciones penitenciarias” con sugerencias para resolver los problemas del retardo procesal, la violencia, el hacinamiento, la salud y formación del personal.

“Creo que el ministerio tiene que rediseñarse, no se pueden encerrar en que lo están haciendo bien (...) porque estos números que nosotros estamos dando están mostrando una cuestión totalmente contraria”, apuntó tras señalar que el Gobierno debe perder el miedo a pedirle ayuda a quienes están capacitados para prestarla.

Prado recordó, además, que el pasado día 25 se cumplió un año del motín que se produjo en la cárcel de Uribana que dejó 58 muertos, caso por el que hay una investigación nacional y otra internacional.

“Las responsabilidades no se pueden evadir (...) y no piensen que se van a zafar”, dijo.

Nélida Fernández