Melilla pide endurecer ley para tener mayor control sobre inmigrantes menores

La Ciudad Autónoma de Melilla ha remitido al Gobierno una propuesta para pedir una modificación de la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996, que permita a las instituciones que tutelan a los menores inmigrantes tener una mayor autoridad y control sobre ellos.

A preguntas de los periodistas, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha anunciado hoy que su Ejecutivo ha enviado ya a Madrid esta propuesta como consecuencia de los problemas que está sufriendo la ciudad con un grupo de menores extranjeros no acompañados que “campan a sus anchas” en la calle, cometiendo incluso delitos.

Imbroda ha explicado que Melilla carece de capacidad legislativa para poder establecer un régimen disciplinario en los centros de menores como se ha hecho en otras comunidades autónomas, de modo que la ciudad debe someterse a lo que establece la ley de 1996, que no incluye ninguna mención a este problema.

Esta Ley “nos deja al albur de lo más libre que haya en toda España, cuando los problemas están aquí, que son los derivados de la inmigración de los menores extranjeros no acompañados”, ha dicho Imbroda al recordar que la Ciudad Autónoma tutela en estos momentos en sus centros a más de 300 menores, la mayoría marroquíes.

Por eso, la Ciudad Autónoma se ha propuesto “intentar corregir” este problema introduciendo una disposición adicional en la Ley de Protección Jurídica del Menor, para lo que ya ha remitido al Gobierno una propuesta encaminada a que se puedan elaborar reglamentos de régimen disciplinario y que esté apoyado por la legislación nacional.

Imbroda ha dicho que de esta forma se hará “un buen favor a la sociedad melillense y a los menores también”, y ha confiado en que el trámite parlamentario para esta modificación legislativa sea ágil y rápida para poder poner solución a este problema.

El lunes, la Guardia Civil llevó a cabo un dispositivo especial de vigilancia en el que desalojó de las inmediaciones del puerto de Melilla a 37 inmigrantes, 34 de ellos menores de edad, que abandonaron los centros de menores de la Ciudad Autónoma para intentar llegar a Europa como polizones en los barcos que comunican la ciudad y la península.