Ruz pregunta diez veces por Cospedal pero el exalcade de Toledo niega la mordida de las basuras
En diez ocasiones fue mencionada la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, durante la maratoniana jornada de interrogatorios que tuvo lugar el lunes en la Audiencia Nacional. Como único imputado, el exalcalde de Toledo José Manuel Molina, en relación con la concesión de un gran contrato de basuras a una empresa que aparece entre los donantes irregulares del Partido Popular. Luis Bárcenas mantiene que Sacyr pagó 200.000 euros para conseguir la adjudicación, que fueron a parar a la campaña de Cospedal, pero Molina negó cualquier mordida.
El 23 de mayo de 2007, cuatro días antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año y tras un conflicto laboral, el Gobierno local, dirigido por José Manuel Molina (PP), modificó el convenio colectivo de los trabajadores de la limpieza de Toledo para que se introdujeran incrementos salariales en el contrato de basuras. El siguiente Gobierno municipal, con Emiliano García-Page a la cabeza, aprobó el 15 de noviembre el sobrecoste de 7,2 millones para los diez años de contrato y 4,2 más adicionales para los cuatro de prórroga.
Manuel Molina –canciller en la Embajada española en la República del Congo desde marzo– negó cualquier irregularidad o participación en el presunto cohecho. “Ni con Bárcenas, ni Cospedal, ni con nadie he hablado de ningún contrato en Toledo mientras he sido yo alcalde”, aseguró Molina, según trasladaron a eldiario.es fuentes presentes en la declaración.
En la misma línea, el diputado nacional Sebastián González, a quien Bárcenas señaló como intermediario de la mordida, también negó que ésta existiera y, por extensión, la posible implicación de Cospedal. “Con el gerente (Bárcenas) hemos hablado en muchas ocasiones, pero jamás Cospedal me ha pedido nada”, afirmó González, según las citadas fuentes. González declaró en calidad de testigo. Las diez preguntas de Ruz se repartieron entre él y el excalcalde de Toledo.
En el auto de imputación de Molina, el juez que investiga la presunta financiación irregular del PP asegura que existe la posible participación de “personas aforadas”. En el mismo auto, Ruz requería al Partido Popular que le entregara la normativa reguladora de la formación en Castilla-La Mancha en los años 2006 y 2007. Ese es el periodo en el que ya era presidenta del PP regional María Dolores de Cospedal. Y por los indicios existentes hasta ahora, no pueden ser más que la propia Cospedal y su número dos, Vicente Tirado –actual presidente del Parlamento autonómico–, los aforados a los que se refiere Ruz.
A ambos los implicó Luis Bárcenas en sede judicial cuando describió la mecánica de la mordida. Según relató, él mismo recibió en metálico los 200.000 euros en la sede en Madrid de Sacyr Vallehermoso, de manos de su entonces presidente, Manuel Manrique. “Llamé al gerente de Toledo. El sobre lo dejé en la caja y avisé al gerente regional, que tenía que entregárselo a Vicente Tirado o a María Dolores de Cospedal”, explicó al juez. Bárcenas aportó además el recibí, firmado por el gerente José Ángel Cañas.
El exalcalde de Toledo José Manuel Molina aseguró, tras su declaración ante Ruz, que no ha “adoptado ningún acuerdo ilegal” ni ha “cobrado una comisión” en su vida. Molina, que se ha declarado “muy satisfecho” por haber tenido “la oportunidad de defenderse” de lo que ha calificado como “injurias y calumnias”, ha asegurado que ha aportado al magistrado “pruebas” que demuestran su “inocencia absoluta”. “El mayor patrimonio que tengo es mi honor personal e iniciaré las acciones necesarias para defenderlo”, ha dicho antes de indicar que hasta ahora no había podido hacerlo porque trabaja en la Embajada de España en el Congo.
“Evitar más gasto”
Ante el juez declaró como testigo García-Page. Durante su declaración, el político socialista aseguró que si mantuvo el contrato modificado in extremis por el PP fue para “evitar” más gasto, una vez que se sentía obligado al acuerdo anterior. Se trataba, dijo, de dosificar el pago de acuerdo con la empresa.
Como testigo declaró también Francisco Javier Sánchez Rubio, viceinterventor municipal del Ayuntamiento de Toledo. El técnico ratificó el contenido del informe de la Intervención del Estado al respecto. A la salida, trasladó lo declarado ante el juez: “No fui consultado, los expedientes de tramitación en todas las administraciones públicas antes de adoptarse deben llevar siempre los correspondientes informes preceptivos. En este caso, también el de fiscalización”.
